El camarista federal de Mendoza Luis Miret, denunciado por tolerar la aplicación de tormentos durante la última dictadura militar, fue suspendido y enviado a juicio político por decisión del Consejo de la Magistratura de la Nación. Miret, quien estuvo presente durante la sesión del plenario celebrado ayer, había pedido que la votación se dejara en suspenso, ya que, recordó, presentó su renuncia al cargo y la dimisión se encuentra a estudio del Poder Ejecutivo Nacional.
Por unanimidad el cuerpo resolvió someter a Miret a un Jurado de Enjuiciamiento por presunto mal desempeño de sus funciones. El Jury de Enjuiciamiento tiene 6 meses para decidir si absuelve o remueve al camarista.
"Pido que no se apruebe hoy (por ayer) el dictamen que envía a juicio político. No tuve mal desempeño, sino que mi actuación fue valiente y correcta", agregó el camarista federal, quien dijo que le tocó ser juez "en un marco de terror".
El dictamen acusatorio ponderó el relato realizado por una octogenaria, Luz Agustina Teresa Casenave, sobre hechos que tuvieron como víctima a su hija, cuando tenía 16 años de edad. La anciana contó que, con la supuesta complicidad de Miret, su hija fue secuestrada por policías de Mendoza y alojada en un centro clandestino de detención, violada reiteradamente y luego derivada a un instituto de menores.
También presentes Luz Faingold y Angela Urondo, supuestas víctimas del accionar de Miret, cuestionaron el desempeño del camarista antes y después del golpe de Estado del "76. Urondo sostuvo que el entonces magistrado de primera instancia "no investigó" la desaparición de sus padres.
Por otra parte, en un cementerio mendocino hallaron restos humanos que según el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, reveló ayer, podrían corresponder a desaparecidos durante la última dictadura militar. El descubrimiento lo realizó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), luego de excavaciones realizadas en esa necrópolis durante el primer semestre del 2010. Los restos óseos humanos fueron encontrados a 5 metros de profundidad en una fosa común, en el que habrían sido enterradas varias personas aparentemente con signos de maltrato, aunque desde el cuerpo de investigadores no dieron mayores detalles. El titular de ese movimiento en Mendoza, el abogado Pablo Salinas, indicó que "si bien el organismo ya manejaba información al respecto, ayer se conoció el caso a través de los medios. Hace un par de años familiares de ex presos movilizaron esta denuncia, la gente de EAAF trabajó, llevó las muestras a analizar y tenemos las muestras de nuestros familiares para que se coteje y así saber a quién pertenecen", agregó.

