La ley de transporte permite prorrogar la concesión a las empresas de colectivos y el Gobierno está analizando hacer uso de esa excepción el año que viene. El objetivo es que, a cambio, los propietarios de los micros hagan frente a los 2.700.000 dólares que hacen falta para implementar en la provincia la tarjeta SUBE, que le traería beneficios tanto a los choferes como a los pasajeros. La estrategia oficial iría acompañada por exigencias para mejorar el servicio y extender los recorridos, sobre todo a causa de los barrios que se levantaron en la última década.
El Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) es una tarjeta prepaga que el usuario puede cargar de forma virtual (al igual que una de telefonía celular) y que al momento de subir a los colectivos pasa por una máquina lectora que descuenta el costo del boleto. El sistema nació a nivel nacional en 2011 con la idea de extenderlo a todo el país, pero en San Juan aún no se ha implementado. El principal escollo es quién se hará cargo de la inversión que se necesita para comprar los aparatos que se deben instalar en los colectivos.
La posibilidad más firme para poner en marcha el sistema es que el millonario desembolso lo hagan las empresas, pero sus titulares advierten que no tendría mucho sentido cuando la concesión vence a mediados de 2015 y no hay seguridad de que seguirán prestando el servicio. De ahí que hoy está en estudio extenderla unos años más y que la contrapartida excluyente del sector privado sea asumir el costo de la llamada tarjeta SUBE. Así, juzgan en la administración giojista, los empresarios se asegurarían seguir en el negocio y el Estado conseguiría el nuevo mecanismo de pago en los micros.
Tanto los empresarios como la provincia reconocen que la tarjeta SUBE ofrece ventajas. Los choferes dejan de distraerse con el cobro y los pasajeros no tienen que cargar monedas, pueden tomar un colectivo en cualquier parte del país y si no tienen dinero suficiente en la tarjeta para pagar el boleto, lo mismo viajan porque la diferencia es debitada de la próxima recarga que hagan.
De acuerdo a los cálculos oficiales, comprar e instalar las lectoras costaría unos 2.700.000 dólares. Esto, a razón de 5.000 dólares por cada una de las 540 unidades que están afectadas hoy al servicio.
Para avanzar con la medida, el Gobierno evalúa una acción previa. La ley vigente establece que la concesión se podrá prorrogar excepcionalmente por un año y la opción es introducir una modificación que lleve al plazo máximo permitido hasta los 10 años. El Ejecutivo tendría de esta forma mayor margen de maniobra, aunque todavía no se sabe de cuántos años podría ser la prórroga y cuándo estará funcionando la SUBE.
En el medio, hay otras cuestiones a fundamentales a resolver y en el Ejecutivo ya se pusieron a trabajar en el tema. Si la concesión es prorrogada, desde José Luisa Gioja para abajo no quieren que sea bajo las mismas condiciones que las actuales y la inversión en la tarjeta SUBE no sería la única exigencia. A sabiendas de que el territorio a cubrir se amplió sustancialmente por la cantidad de núcleos poblacionales nuevos, les impondrían a los empresarios que amplíen los recorridos y las zonas de cobertura.
Un empresario que pidió reserva aseguró ayer que están al tanto de la estrategia que baraja la gestión giojista, pero dijo que aún no les han informado nada en forma oficial. De todos modos, no le disgustó y aseguró que es una alternativa a tener en cuenta.