En 2013, el Concejo Deliberante de San Martín le marcó la cancha al intendente Pablo Santibañez, ya que a través de una ordenanza fijó que los trabajadores de planta permanente recibieran en 2014 un 23 por ciento de aumento salarial del propio presupuesto del municipio. Pese a que el entonces jefe comunal, al igual que el resto, dio una suba con la ayuda de la provincia que giró sobre el 30 por ciento, no sólo no vetó la norma del cuerpo legislativo sino que inclusive la promulgó, por lo que quedó vigente. Pero nunca pagó ese 23 por ciento extra y un grupo de 70 empleados (entre activos y jubilados) reclaman el desembolso de la diferencia. Ya hay una demanda en el Juzgado Contencioso Administrativo y la semana que viene se dará la instancia de mediación, aunque el actual mandamás, Cristian Andino, explicó que el Ejecutivo departamental no cuenta con recursos para enfrentar una deuda, sumado a la inflación que existe.

Si bien ni los demandantes ni el jefe comunal pudieron establecer qué monto estaría en juego, todos presumen que es importante para las arcas del municipio. Es que, de existir un fallo a favor de los empleados, se tiene que calcular un 23 por ciento de suba sobre cada salario a diciembre de 2013, más lo acumulado en los años siguientes y los intereses. Hoy la comuna paga unos 18 millones de pesos al año en sueldos, indicó Andino.

El intendente consideró que el planteo no prosperará en sede judicial, ya que su equipo legal viene viendo el tema y cuestionará el sustento legal de la demanda. De todas formas, se mostró molesto con la situación heredada y habló de la "irresponsabilidad" de su predecesor, a quien en su momento impulsó para el puesto, y de los ediles que aprobaron la ordenanza. Andino señaló que el Concejo Deliberante no puede establecer los salarios de los municipales porque no llevan el día a día de las inversiones y gastos que realiza el Ejecutivo. Así, indicó que si a él le hubiera sucedido un escenario similar, habría vetado la norma. En ese marco, la mediación fracasará y el reclamo ingresará a la etapa estrictamente judicial. Los demandantes aseguraron que continuarán hasta el final, por lo que la decisión quedará en manos de la jueza Adriana Tettamanti.

La presentación fue impulsada en mayo de 2017 por el exconcejal Néstor Vera, quien había motorizado el aumento para los municipales. La ordenanza salió en diciembre de 2013 y estableció la suba para unos 100 empleados de planta permanente a partir del 1 de enero del año siguiente. Los fundamentos de la norma apuntan al desfasaje que tienen los salarios de los municipales de San Martín con respecto a otros departamentos. Así, los concejales dispusieron que se llevara a cabo un reajuste de las partidas presupuestarias para hacerle frente al aumento. El abogado Maximiliano Mercado, que representa a los empleados, explicó que, al ser promulgada, la ordenanza quedó vigente y que si bien en 2014 se dio el aumento anual gracias al aporte de la provincia, no se derogó la norma que contempla el incremento del 23 por ciento y por lo tanto debe cumplirse.

Aplicación

El exconcejal Vera y el abogado Mercado sostienen que la ordenanza que dispuso el aumento salarial del 23 por ciento en 2013 quedó vigente al ser promulgada por el intendente Santibañez. Señalaron que el mismo debió acumularse a la suba que se dio en 2014 con ayuda de la provincia.

Rechazo

El intendente actual, Cristian Andino, señaló que el Concejo Deliberante no puede establecer los aumentos salariales de los empleados municipales, ya que sus integrantes no tienen conocimiento de las erogaciones e inversiones que debe enfrentar el Ejecutivo.

Los empleados de Rivadavia demandaron al municipio que conduce el basualdista Fabián Martín por la deuda que se originó durante la gestión de Ana María López. La exintendente había dispuesto un aumento salarial del 27,10 por ciento para el staff político sin contar a la planta permanente, pese a que en la comuna existe la ley de enganche. El argumento de López fue que se trató de un "suplemento", dado que en gestiones anteriores a la suya se habían ordenado subas de sueldos a los empleados superiores a los de los políticos, por lo que lo único que hacía era compensar esos desfasajes. Tras la demanda, Martín hizo propuestas económicas de manera extrajudicial como en mediación, pero para los municipales fueron insuficientes. De esa manera, fracasó la instancia de negociación y los trabajadores, nucleados en tres grupos, están terminando de presentar las pruebas a través de sus abogados para que la causa entre en estado de resolución. La jueza Adriana Tettamanti es la encargada de resolver el conflicto.