El monto que reclama la empresa Harza es de 22 millones de pesos y las autoridades locales afirman que la obligación asciende a mucho menos, 16 millones de pesos. Los números fueron el eje de la reunión que mantuvieron las dos partes ayer, para intentar conciliar la cifra después que la Corte Suprema de Justicia condenara al Estado sanjuanino a pagarle a la compañía por un juicio que se inició bajo una administración bloquista. Frente a tamaña diferencia y lo ajustadas que están las cuentas públicas, la provincia no descarta hacer uso de una ley que le permite pagar con bonos. Las negociaciones continuarán el mes que viene y si no hay acuerdo, el monto final lo podría definir el máximo tribunal del país.
La audiencia se llevó a cabo a media mañana en la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De un lado estuvieron los representantes legales de la firma Harza Engineering Company International y del otro, en nombre de la provincia, el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, y el ministro de Hacienda, Francisco Alcoba. Fue tensa y como no llegaron a consensuar, quedaron en que se volverán a juntar el 26 de noviembre, en el mismo escenario.
La raíz del encuentro es un antiguo juicio que la compañía le ganó a la provincia, porque las gestiones militares y la bloquista que fueron entre 1981 y 1984 no le pagaron varias decenas de facturas por los trabajos de consultoría que realizó en la obra del dique Cuesta del Viento (ver recuadro). La Corte Suprema le impuso al Estado el pago de 2,4 millones de dólares, ordenó pesificar esa cifra y dejó a criterio de las partes el mecanismo a aplicar con esa finalidad. De ahí, que ayer se reunieron para intentar avanzar en ese sentido.
Los representantes de Harza le hicieron conocer a las autoridades provinciales una liquidación por 22 millones de pesos, pero De Sanctis y Alcoba llevaron una propia que da como resultado 6 millones de pesos menos. Según el fiscal de Estado, “la diferencia con ellos es que están capitalizando intereses, eso es anatosismo y nosotros como Estado, no podemos avalarlo porque es algo ilegal”.
La provincia pensaba inicialmente cancelar la herencia en efectivo, siempre y cuando la cifra reclamada se aproximara a los cálculos que hizo la cartera que dirige Alcoba. Pero como en juego hay una diferencia millonaria, ayer saltó a la mesa una posibilidad que ya estaba siendo analizada en los despechos oficiales: utilizar la ley que habilita al Estado a consolidar deuda anterior al año 1991 (es la 6.606) y directamente, pagar con bonos a largo plazo. En ese caso haría desembolsos periódicos a medida que los títulos públicos se vayan amortizando, aunque no de sabe cuáles podrían ser las condiciones de ese potencial papel.
Cada una de las partes hará cuentas y cuando se vuelvan a ver las caras, podrían aparecer nuevas propuestas. La clave pasa ahora por la cifra a pagar y si no aparece una que sea convincente de un lado y otro, todo podría terminar siendo definido por la misma Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema. Recién ahí, la provincia resolvería la forma de pago y si apela a la ley de consolidación de deuda.
Lo seguro es que el Estado no deberá echar mano a sus recursos en forma inmediata. En la primera reunión de conciliación que se hizo en el mes de septiembre, De Sanctis les anticipó a los apoderados legales de Harza que el fisco sanjuanino no pondrá el dinero este año, porque en el presupuesto que se está ejecutando no hay contemplada ninguna partida para esa deuda. Y esa condición, fue aceptada. Significa que si el pago fuera en dinero y no con un bono, recién se haría efectivo en 2015, cuando en el esquema general de gastos se fije una partida especial con esa finalidad.
En Casa de Gobierno están indignados porque se trata de una deuda heredada de administraciones de hace varias décadas y siguen con mucha atención el resultado de las conversaciones con la firma internacional. La coyuntura económica no es favorable ni para el país ni para las provincias y cumplir con la sentencia de la Corte Suprema, sea en efectivo o en bonos, implicará tener que desatender obras o inversión social.