El nuevo fiscal general ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de San Juan, Francisco Maldonado, consideró que es muy poco probable que durante el 2014 se pueda llevar adelante un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia. La primera razón, según explicó el funcionario judicial, es la dificultad para constituir un tribunal para el debate, porque de los 3 que hacen falta, hay una vacante en el organismo local desde el 2010 por la jubilación de Juan Carlos Turcumán. Pero, además, los autos de procesamiento de los imputados de las causas que son investigadas, están en apelación en la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y hasta que ese organismo no resuelva, no se pueden elevar para su análisis.
Maldonado, quien asumió formalmente en el cargo el 3 de febrero, tras haber prestado el juramento de estilo el 11 de diciembre pasado en la Procuración General de la Nación, dio a conocer que es muy “difícil” que durante este año pueda empezar un nuevo debate en la provincia, porque además hay nuevos juicios en Mendoza, San Luis y San Rafael. Y a los jueces de la región son a los que les toca llevar adelante los procesos. Como ejemplo cabe citar que de los dos debates que han tenido lugar en la provincia en el marco de los delitos de lesa humanidad, que son el caso de apropiación de un menor, hijo de desaparecidos, que se llevó adelante en el 2011 y el otro que concluyó el 4 de julio del año pasado con la condena a los 7 acusados de penas de reclusión perpetua y de 25 años de prisión (ver aparte), sólo hubo un integrante del TOF de San Juan. Fue Hugo Echegaray, mientras que el resto fueron magistrados de Mendoza y de San Luis.
En la Justicia Federal de la provincia, las causas que están más avanzadas y por lo tanto más próximas para ir a juicio son 3. Tienen a un total de 13 imputados y unas 100 víctimas que sufrieron el secuestro y la tortura en los centros clandestinos de detención en San Juan. Pero estarán ausentes 2 de los acusados clave, que son Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, porque se fugaron poco después de ser condenados y todavía no hay señales sobre su paradero.
Las causas son la llamada compulsa Bustos, que es la continuidad con más víctimas, del caso que tuvo como protagonistas de apremios ilegales a figuras de la política y del gremialismo como el gobernador José Luis Gioja. La segunda es la causa Nívoli, que está referida a hechos producidos con anterioridad al golpe militar del 24 de marzo de 1976 y la tercera es la causa Ripoll, por hechos acaecidos después de la caída del gobierno democrático.
Los acusados, además de Olivera y De Marchi, son Daniel Gómez y Francisco Del Torchio, que ya fueron condenados en el proceso que finalizó en julio del año pasado. Pero además están Eduardo Cardozo, Rubén Arturo Ortega, Juan Carlos Alaniz, Elías Lucero Arancio, Darvin Mejías, Cruz Alejandro Olmos, Nicolás Manrique, Oscar Amidey y Walter Melo. Las causas son por presuntos delitos cometidos desde 1975 a 1978, es decir incluso durante la etapa democrática.
A Maldonado le ha tocado reemplazar a Mateo Bermejo, quien desempeñó el rol de acusador en el proceso que concluyó el año pasado. El cargo había quedado en forma transitoria en manos de Bermejo, por el retiro y posterior fallecimiento de Ricardo Dibella.
Maldonado, quien hasta ahora se venía desempeñando en la ciudad mendocina de San Rafael, fue el fiscal que participó en el primer juicio de lesa humanidad en la región.