En la reunión de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), que se realizó el jueves en San Juan, los jueces de todo el país analizaron el anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre la democratización del Poder Judicial, en el que, entre otros puntos, invitó a la Corte Suprema de Justicia a derogar la acordada que exime a los magistrados de pagar el Impuesto a las Ganancias. Seis integrantes de la entidad profesional fueron consultados por DIARIO DE CUYO sobre la propuesta y con respecto al tributo, la idea que prevaleció es que los jueces deben abonarlo, a cambio de recibir un aumento para que no se vea afectada la intangibilidad de sus remuneraciones, la cual está protegida constitucionalmente, es decir, que no se produzca una reducción.

Los magistrados están liberados del impuesto, merced a una acordada de la Corte Suprema de Justicia sancionada en 1996. Además, se escudan en el artículo 110 de la Constitución Nacional, el cual establece que por sus servicios recibirán un sueldo que no podrá ser disminuido “en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones”. La Presidenta, en su discurso durante la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, invitó al máximo tribunal a que derogue la disposición. Con el planteo aún candente, los jueces nucleados en la entidad nacional abordaron ese punto y dejaron traslucir su postura. Víctor Vélez, titular de la Federación, puso al descubierto la voluntad de acoplarse al régimen de Ganancias, aunque buscando una alternativa que mantenga el sueldo del magistrado intacto. Es decir, apuntó a que reciban un aporte extra. “Si el impuesto es general, es para todos, hay que pagarlo porque hay una desigualdad y tiene que regir el principio de igualdad ante la ley. Por otra parte, está una disposición constitucional que impide que el salario se pueda gravar con un impuesto que implique una disminución directa. En otros países, los jueces pagan el impuesto, pero no tienen una disminución de sus salarios”.

La idea está acorde con el pensamiento de Roberto Pagés, del Colegio de Magistrados de San Juan; Ariel Ariza, su par de Santa Fe, y Analía Durand de Cassis, titular de la asociación que nuclea a los jueces correntinos, quienes también se mostraron a favor de una compensación (ver opiniones). Fernando Juan Lima, presidente del Colegio de Magistrados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también dijo que “el tema tiene que ver con no afectar la intangibilidad de los salarios. Hay que encontrar una solución para no afectarlo, ya que está garantizado constitucionalmente. El que estuvo en contra del pago de Ganancias fue Gustavo Ariznabarreta, vicepresidente del cuerpo que agrupa a los jueces de Tierra del Fuego, quien aseguró que “la intangibilidad de los sueldos significa que no se puede, según las coyunturas, ingerir en el único ingreso que tiene un juez, porque de esa manera yo puedo, desde el Poder Político condicionar qué juez quiero que esté y qué juez quiero que no”.

Otro de los ejes de la propuesta K fue la elección popular de los representantes de los académicos, abogados y jueces en el Consejo de la Magistratura, que es el órgano encargado de seleccionar y acusar a los magistrados. Los consultados señalaron que ese el punto más controvertido del proyecto. El titular de la FAM señaló que esa postura está reñida con la Constitución ya que explicó que los representantes de los jueces debe provenir de ese sector y no del voto popular porque sino “no hay representación. El pueblo tiene la posibilidad de elegir sus representantes que son los diputados”. Sólo Cassis de Durand manifestó que esa alternativa “tendrá que verse y trabajarse” y que “no hay que descartarla”.