Un obstáculo se presentó en el camino de los exintendentes de Ullum, Jorge Agapito Gil y Alfredo Simón Ortíz, en la cuenta regresiva del juicio oral y público en el que están acusados de fraude contra el municipio. Los dos se quedaron sin los abogados que los venían defendiendo desde hace años en el caso y ayer tuvieron que designar a 2 nuevos representantes, ya que el debate tenía fecha para el martes. Fuentes calificadas explicaron que para todo letrado es complicado tomar una causa delicada a tan pocos días del tramo final. Debido a esa cercanía, Adrián Riveros, uno de los defensores, pidió una prórroga en la Sala III de la Cámara Penal para poder estudiar el expediente, el cual está compuesto de 4 cuerpos, cada uno de 200 fojas. El presidente del Tribunal, Ricardo Conte Grand, informó que se le dio un plazo de 3 días a partir del lunes, por lo que el juicio arrancará definitivamente el jueves.
Así, el proceso que se inició hace 15 años contra Gil y Ortíz está por ingresar en su etapa de definición. El apuro se debe a que la excesiva demora pone a la causa a pasos de quedar en la nada, ya que prescribe el 9 de septiembre. El delito por el que juzgarán a los imputados (fraude contra la administración pública) es excarcelable, por lo que si son hallados culpables no irán a la cárcel. Sin embargo, un castigo repercutiría en sus carreras políticas. Actualmente Gil es secretario del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados local y Ortiz está al frente de la Unidad de Coordinación de Bosques Nativos y frente a una sentencia adversa deberían dejar sus cargos, ya que la ley no permite que los condenados trabajen en el Estado.
Gil era defendido por el abogado Rubén Pontoriero, mientras que a Ortíz lo asesoraba Carina García. Ambos representantes legales renunciaron a la defensa a comienzos de esta semana. En el caso de Pontoriero, este explicó que la Sala III le comunicó la realización del juicio a pocos días del inicio y que para esa fecha ya tenía compromisos asumidos con anterioridad. A contrarreloj, los exintendentes nombraron a Riveros y a Ricardo Pozo como sus abogados y señalaron que no están preocupados por el recambio de su defensa ante la inminencia del debate. Además, destacaron que esperan que el proceso se lleve a cabo para que se aclare toda la situación. Los nuevos letrados tendrán 3 días para ponerse al tanto de la causa, ya que el Tribunal les otorgó el plazo que contempla la ley. Por eso, el juicio comenzará recién el jueves. Las audiencias se realizarán en la tarde, a partir de las 17.30, y en la agenda está previsto que den sus testimonios unas 19 personas, señaló Conte Grand.
El camino para el debate quedó allanado. Es que Pontoriero, el ahora exdefensor de Gil, había pedido la nulidad del requerimiento de elevación de la causa a juicio, lo que en su momento postergó el inicio. La Sala III rechazó el planteo y el abogado solicitó que lo revisara la Corte de Justicia. Sin embargo, el máximo tribunal no lo admitió, por lo que ya no hay trabas para que arranque. Antes también hubo un intento para comenzar el debate, pero se suspendió debido a la superposición de causas (ver cronología).
La historia judicial tuvo su origen en 1998, cuando Gil transitaba su primer mandato de intendente (repitió en el periodo 1999-2003) y Ortíz era jefe de Patrimonio (posteriormente, fue electo jefe comunal en 2003 y 2007). Concejales y el por entonces vicepresidente del Concejo Deliberante los denunciaron, ante la sospecha de que habían pagado con fondos municipales obras y arreglos que nunca se ejecutaron. Los exjefes comunales no son los únicos acusados del proceso. También están en la mira Pedro Bravo, Mario Serrano y María Esther Reinoso. Según figura en el expediente, el primero era el encargado de Compras, conformaba las facturas y cobró algunos cheques. Serrano estaba al frente del camping municipal y certificó los trabajos que luego se determinó que no se habrían realizado. Y Reinoso era la tesorera y encargada de autorizar los pagos. El sexto implicado es Hugo Albornoz, quien luego de ser procesado por el juzgado que investigó el caso fue declarado prófugo dado a que no se presentó más. Por esa razón, en su caso se hará un juicio separado, indicaron fuentes judiciales.