Con esta resolución, se ratifica la decisión del juez federal local Leopoldo Rago Gallo de negarle a Olivera la libertad, con lo que este último seguirá tras las rejas. El último dato divulgado indica que el ex militar está alojado en Campo de Mayo.

La medida, firmada por los magistrados subrogantes el sanjuanino Hugo Echegaray, Pedro González y Roberto Naciff tiene fecha 29 de diciembre de 2010, pero se conoció ayer. No es un dato menor que estos jueces actúan en lugar de Julio Petra Fernández, Alfredo López Cuitiño y Enrique Sosa Arditti, apartados en noviembre último de sus cargos por la Cámara Nacional de Casación Penal, señalados por omisión en la investigación de los crímenes de lesa humanidad. Incluso, los polémicos camaristas dictaron en medio de cuestionamientos sobre su accionar, a mediados de octubre último, la inédita liberación de los otros 8 detenidos en el marco de las investigaciones de Rago Gallo (ver aparte).

El defensor de Olivera, Eduardo San Emeterio, había presentado un recurso de apelación a la resolución de Rago Gallo, quien había decidido oportunamente no hacer lugar a la excarcelación de Olivera. Los camaristas rebatieron en el fallo las dos razones que dio el abogado del represor para que le concedan a su cliente la liberación bajo caución: que Olivera no intentará fugarse y que a la fecha del pedido de excarcelación, está vencido el plazo de 2 años previsto por la ley 24.390 de prisión preventiva y que corresponde la libertad porque el auto de procesamiento no está firme.

Sobre el primer argumento, los camaristas subrogantes establecieron que sí hay riesgo de fuga y peligro procesal ya que consta que antes de su detención, Olivera fijó ante la Justicia domicilio real donde no residía y que cuando se lo apresó en Buenos Aires se lo encontró con tres DNI falsos con su foto y que hubo resistencia al arresto. Sobre el segundo argumento, los magistrados citaron que la liberación del imputado no puede operar de forma automática, que la ley 25.430 fue modificada alargando un año más el encarcelamiento preventivo y más aún en casos donde se investigan delitos de lesa humanidad, dado el riesgo procesal.

A Olivera se le atribuye la presunta comisión de delitos de tormentos agravados con lesiones agravadas contra Margarita Camus, nieta del ex gobernador Eloy Camus y hoy jueza, además de cargos similares contra Eloy Camus, Hilda Díaz, Raúl Cano, Alicia Romero, Elida Páez, Jorge Biltes y Jorge Moroy. También se lo investiga en las causas Amín de Caravajal y Marie Anne Erize, esta última, la famosa modelo francesa desaparecida en los "70 en San Juan.