La disputa por los cargos reservados para las minorías parlamentarias en el Tribunal de Cuentas y en el Instituto de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) amenaza con llegar a la Justicia sanjuanina. Es porque los diputados del Frente Juntos por San Juan, que entienden que la tarea de contralor les corresponde a ellos, dicen que van a presentar una acción de amparo con una cautelar para evitar que asuman los dirigentes bloquistas propuestos en la sesión de la Cámara de Diputados de ayer.
Si se efectúa el planteo legal, será la segunda vez que los opositores recurren a esa estrategia porque ya en 2011 el diputado Juan Sansó, de Actuar, hizo una presentación similar en la Justicia provincial (ver aparte).
La polémica estalló ayer durante la reanudación de la sesión extraordinaria en la que se trató el tema porque las 2 vacantes que se deben ocupar en ambos organismos están reservadas para la primera y segunda minoría en la Cámara de Diputados. El frente Compromiso con San Juan, que lidera el basualdismo, es la principal fuerza opositora con 11 legisladores, por lo que le corresponde un puesto en cada uno de los organismos. Y fue así que propusieron a
Enrique Conti para el Tribunal de Cuentas y a Ricardo Gutiérrez para el IPEEM. Pero la puja se centró después en determinar quién representa la segunda minoría.
El bloque Bloquista, integrado por 4 representantes, mocionó que esa condición les corresponde a ellos y propusieron para el Tribunal a Laura Yanzón, que ya viene ocupando el puesto, y a Alejandro Genest para el organismo minero.
Pero los diputados de Juntos por San Juan, Eduardo Castro y Fernando Moya, pusieron el grito en el cielo porque explicaron que los lugares les corresponden a su sector. El argumento que emplearon fue el el bloquismo integró el Frente para la Victoria con el PJ y que por lo tanto forman parte del oficialismo. “Estamos hablando de la minoría opositora, no de un desmembramiento del bloque oficialista”, dijo Castro.
Desde el bloque del PB, Jorge Espejo defendió su posición con el argumento de que la sociedad con el PJ fue sólo para los comicios y que ahora son la segunda minoría en la Cámara.
A pesar de los argumentos a favor y de que el bloque de Compromiso con San Juan los respaldó, el oficialismo inclinó la balanza a favor de su socio electoral, que se quedó con dos cargos de mucho valor en los organismos de control. Se trata de puestos preciados, ya que el Tribunal de Cuentas se encarga de monitorear la legalidad del gasto público y de controlar las cuentas, por ejemplo de los municipios, mientras que el IPEEM es el responsable de la concesión de las áreas mineras en el ámbito provincial.
Frente a este panorama, Castro adelantó la intención de ir a la Justicia con una acción de amparo acompañada con una cautelar para evitar que los representantes bloquistas asuman en los organismos de control.
El dirigente Alberto Sánchez, de Dignidad Ciudadana, dijo que ya están trabajando en la elaboración del planteo y que el propósito es agotar las vías en San Juan, incluso llegando a la Corte de Justicia, y luego recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si es necesario.
El argumento que utilizarán, según explicó, es que la Constitución Provincial tiene previsto que sea la oposición la que se haga cargo del control. “Mal puede controlar un partido que integró un frente con el oficialismo, no pueden pretender ocupar ese espacio”, sostuvo.
No es la primera vez que los bloquistas, con el aval del oficialismo, hacen la maniobra para quedarse con los cargos. Lo hicieron en 2007, lo repitieron en 2011 y ahora lo lograron por tercera vez.