En la sesión de ayer de la Cámara de Diputados de la provincia tomó estado parlamentario un proyecto de ley que propone la creación de un registro de desarmaderos de autos y de vendedores de autopartes en el ámbito local. Pero la cuestión es que desde julio del 2004 hay una ley, la número 7506, mediante la cual el Gobierno sanjuanino adhirió a la Ley nacional 25.761, que estableció un régimen legal para el desarmado de vehículos y la venta de autopartes. Y que contempla un registro de desarmaderos de automotores.
En la práctica, el nuevo proyecto, de autoría del diputado Enrique Castro, del Bloque del Movimiento Obrero, quiere legislar sobre un tema que ya fue regulado por otra ley anterior que está vigente.
La diferencia es que en la iniciativa de Castro propone como autoridad de aplicación de la norma al Ministerio de Gobierno de la provincia. Mientras que por la 7506 el control lo ejerce la Dirección de Industria y Comercio de la provincia, cuyo titular es Sebastián Pacheco. El propio funcionario confirmó ayer que la ley está plenamente vigente y explicó cómo se está aplicando (ver aparte).
Castro justificó el proyecto de su autoría diciendo que como se trata de un problema de seguridad, debería entender el Ministerio de Gobierno, de donde depende la Policía, que es la que debe intervenir cuando se trata de autopartes robadas.
El tema de los desarmaderos y la compra-venta de motores y repuestos robados tomó notoriedad a partir de la llamada "mafia de las 4×4". Se trata del caso que se inició el pasado 12 de julio con el secuestro en Ullum de una retroexcavadora robada en Mendoza. Pero dejó al descubierto una presunta red que tenía vehículos sustraídos, motores y motos de gran cilindrada robados y un gran número de autopartes.
En la práctica, según comentaron fuentes de la Legislatura, lo que debió hacer Castro es proponer una modificación de la 7506 si quería perfeccionarla.