El fiscal General de la Corte de Justicia, Eduardo Quattropani, denegó un pedido de probation (suspender la causa penal a cambio de hacer tareas comunitarias) que presentó un exfuncionario acusado de participar en un robo al Casino provincial. El protagonista es Roque Hugo Bustos, quien cumplía funciones de tesorero de la casa de juegos hasta 2006 y es el segundo revés que recibe en su intento de zafar ir a juicio y una eventual condena. El rechazo responde a que el imputado era agente de planta política al momento del delito y la ley dice que en esos casos no se puede conceder el beneficio.

Bustos es el único detenido por el robo de 195.000 pesos que se perpetró en el año 2006 en el Casino del Parque, cuando todavía estaba ubicado al lado de la Legislatura Provincial y no había sido privatizado. La Justicia lo acusa de haber facilitado a los ladrones datos claves: como que ese día había una recaudación abultada, que a la hora de cierre se le abría a un canillita (uno de los delincuentes fingió ser ese empleado para reducir a tres policías) y que no funcionaba el circuito cerrado de video. Y el fiscal considera probado el vínculo porque tras el robo, hizo compras y refacciones en una casa por más de 13.000 pesos cuando ganaba sólo 1.000 pesos (tenía el sueldo embargado).

El hombre fue procesado y cuando la causa iba a ser elevada a juicio, el abogado defensor pidió que se suspenda el proceso a cambio de que su cliente cumpliera durante un año tareas comunitarias (limpieza y reparación de la Parroquia Santa Bárbara de Pocito). Y como la Sala I rechazó el planteo, presentó un recurso ante la Corte de Justicia para que dé vuelta la resolución.

En el segundo piso de Tribunales, la primera respuesta fue negativa. Según fuentes judiciales, Quattropani resolvió oponerse porque se trata de un funcionario público. Se basó en el artículo del Código Penal que dice expresamente que la probation no se podrá conceder cuando el imputado sea un funcionario público o un agente del Estado que haya cometido un presunto delito en el ejercicio de su trabajo. Y si bien el robo fue perpetrado por otros sujetos (se cree que una banda de Mendoza), el Ministerio Público interpreta que Bustos sacó provecho de su condición de tesorero del Casino porque de otra manera no podría haber aportado los datos que fueron clave para dar el golpe.

Ahora, quienes tienen que resolver son los ministros de la Corte de Justicia. Con el dictamen fiscal en la mano, deben decidir si le conceden o no el beneficio al imputado.

Si el rechazo persiste, Bustos quedará a tiro de ir a juicio oral y público. Y de acuerdo al delito que le imputan, partícipe en robo agravado por el uso de armas, podría recibir una pena que va de 3 a 10 años de prisión.

La defensa de Bustos insiste en que a su cliente le corresponde la probation, también llamada suspensión de juicio a prueba, porque era un empleado común y no el tesorero. Pero en el Ministerio Público se basan en el decreto de designación del imputado del 22 de mayo de 2006.

En los últimos años, se ha intensificado el debate jurídico por la probation y en algunos casos hasta hubo revuelo por la posibilidad de que se aplicara (ver Antecedentes). Pasa que cuando es concedida, como no implica que el acusado reconozca ser culpable, no hay juicio oral y público, el proceso queda en la nada y no se puede determinar si realmente el imputado cometió o no el delito investigado.

En la Justicia provincial hay antecedentes diversos en una y otra dirección. En el caso Héctor Del Giudice, el psiquiatra de la Corte que fue procesado por el hurto de un CD en un hipermercado y que terminó zafando porque la causa prescribió, el juez Correccional Eduardo Gil rechazó la probation por tratarse de un funcionario público y por entender que la condena social puede ser más grande para él y el Poder Judicial si no va a juicio. Mientras que en el caso del excamarista José Domínguez, acusado de golpear a un empleado de Tribunales, el máximo tribunal se la terminó concediendo al considerar que el delito no tuvo nada que ver con su carácter de funcionario. Quattropani, en cambio, advirtió que el magistrado se valió de su condición para agredir a su subordinado, que se abusó de su poder y que no tenía otra que pasar por el banquillo de los acusados.