Por un lado, la presidenta del Concejo Deliberante de Ullum, Graciela Gil, mano derecha del intendente Leopoldo Soler, convocó a una sesión extraordinaria cuando no está facultada para hacerlo. Y por otro, en la reunión se apuntaba a analizar la conducta de la edil justicialista Daniela Salinas, luego de que este medio diera a conocer que hizo una presentación en el Tribunal de Cuentas para que se investigue en el municipio presuntos sobreprecios en la compra de materiales de hasta un 190 por ciento. La sesión se cayó por su propio peso, pero no evitó el papelón. ¿Qué conducta quería revisar la titular del cuerpo deliberativo? ¿El oficialismo departamental iba a impulsar alguna sanción por el pedido de investigación que efectuó? ¿Se intentaba disciplinar o censurar a una opositora? Esas eran algunas de las preguntas para Gil, pero ésta no respondió los llamados ni los mensajes de este medio.

El insólito pedido para llevar adelante la sesión extraordinaria se presentó el miércoles. Pese a que están distanciados de Salinas, los otros dos ediles del PJ, Carina Peralta y Dante Noriega, manifestaron que la convocatoria era injustificada y el motivo que expusieron para que se diera marcha atrás fue simple: Gil no tiene la facultad para llamar a una sesión extraordinaria porque sólo puede ser convocada por el Ejecutivo o por un tercio de los miembros del Concejo, en este caso tres ediles, y sólo por asuntos urgentes y de interés público, según indica la ley.

Tras el episodio, Salinas tildó el hecho de "bochornoso" y opinó que la titular del Deliberativo "debe haber estado mal asesorada y quiero entender que se trató de un error. Pero de por sí, hay mala intención". Además, consideró que la situación fue impulsada por la Intendencia porque "tengo entendido que la asesora del municipio mantuvo una reunión con Gil antes de llamar a sesión extraordinaria".

Sobre la convocatoria para tratar su conducta, la edil justicialista dijo estar tranquila porque "a mí me han elegido para controlar y lo único que he hecho es pedirle al Tribunal de Cuentas que audite cosas que para mí están dudosas. No he hecho ninguna denuncia, ni he insultado a nadie", señaló.

Por otro lado, Peralta, su compañera con la que mantiene fuertes diferencias dentro del Concejo, manifestó que "Salinas está en todo su derecho de realizar las investigaciones que ella crea necesarias. No comparto lo que hizo, pero puede hacerlo".

El escrito que llegó al Tribunal de Cuentas fue presentado el martes 6, pero DIARIO DE CUYO lo dio a conocer hace una semana. Salinas le pidió al órgano que lleva adelante el control posterior del gasto público que audite la compra de materiales que realizó la gestión del intendente Leopoldo Soler en 2016, debido a que entiende que hay sobreprecios que van del 40 al 190 por ciento. También expuso que una cooperativa recibe 400 mil pesos, pero que no se sabe si está en regla con la AFIP y que se pagó poco más de un millón de pesos por una bloquera que aún hoy no se encuentra en el municipio. Sobre este último punto, el jueves hubo novedades. Paola Susana Nale, proveedora de la maquinaria, presentó un escrito en el Concejo Deliberante apuntando contra Salinas por "agravios e imputaciones falsas" vertidas en este medio, por lo que solicitó que el cuerpo deliberativo arbitre los medios para que haya una rectificación. Lo llamativo es que en la presentación, la mujer confirmó que la maquinaria pagada por el municipio hace 15 meses todavía no ha llegado porque está en Chile.