Como se venía barajando desde el año pasado, el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, presentó ayer un pedido de destitución contra el juez del fuero Civil Carlos Macchi por su participación en el sonado escándalo de las expropiaciones. En la denuncia, el funcionario le endilga omitir y convalidar más de una treintena de hechos ilegales en juicios que están en la mira y actuar en forma deliberada para inflar el valor de terrenos que la provincia expropió. El magistrado no habló, pero en su entorno aseguraron que piensa dar pelea y no renunciar para evitar el Jury.

Macchi fue el juez en juicios de expropiaciones que están siendo investigados por supuestas irregularidades procesales que terminaron ayudando a que el Estado pague cifras millonarias y exorbitantes por inmuebles que valían mucho menos. A primera hora de la mañana, De Sanctis lo denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento para que sea removido de su cargo por incumplimiento de los deberes a su cargo y mala conducta a raíz del mal accionar en los procesos sospechados.

Para el titular de la Fiscalía de Estado, Macchi no “fue un mero juez espectador y pasivo”. Por el contrario, asegura de manera contundente que “las barbaridades (que se detectaron) fueron fruto y producto de sus propios actos deliberados y ejecutados con intención y voluntad”. Así, lo acusó de ser parte activa y fundamental de las maniobras que se tejieron para aumentar desproporcionadamente el precio de los terrenos y así, estafar a la provincia en millones de pesos.

La denuncia es producto de una fina revisión que hizo la Fiscalía de Estado en cuatro juicios polémicos que resolvió el titular del Juzgado Civil Nº 5: las expropiaciones de 5 hectáreas del Parque de Mayo, 2 hectáreas del Canal Benavídez, una esquina de casi 1.500 m2 ubicada en Desamparados y un lote de unas 9 hectáreas en Cuesta del Viento.

Según De Sanctis, en todos los casos el juez falló por valores que son “irrazonables” e inflados “hasta la desmesura”. Los juicios por Parque de Mayo y Canal Benavídez aún no se pagan, pero los montos van por 1.000 y 100 millones de pesos, respectivamente. Mientras que por la esquina y el terreno en Iglesia, la provincia tuvo que abonar nada menos que 23 y 11 millones de pesos aproximadamente. Siempre, da la casualidad, el abogado de Fiscalía de Estado era Norberto Baistrocchi (fallecido) y de la contraparte Santiago Graffigna, señalado como el principal sospechoso de las maniobras fraudulentas.

El cuestionamiento hacia Macchi no es por las sentencias directamente, sino por el camino que atravesaron los juicios para llegar a esos montos. En la denuncia, el magistrado es acusado de cometer y dejar pasar decenas de anomalías (ver Algunos hechos), y de ponerse de acuerdo con Baistrocchi y Graffigna. De Sanctis afirma que entre ellos hubo “connivencia” y que todo estuvo “dirigido con intención y voluntad a producir sentencias que conllevan a un despojo monumental de los recursos públicos”.

Ahora, el que tiene la última palabra es el Jurado de Enjuiciamiento, órgano que se encarga de los procesos de remoción de jueces (ver El Jury en pasos). Sus miembros deberán determinar, primero, si la denuncia cumple los requisitos formales y después, si hay causales para destituir a Macchi.

El juez no es el único apuntado. Paralelamente hay en trámite una causa penal que tiene a 12 sospechosos de ser parte de una red de jueces, abogados y funcionarios que se pusieron de acuerdo para sobrevaluar los lotes expropiados. Entre ellos, Graffigna.

Macchi no fue denunciado penalmente porque, según fuentes calificadas, la jueza del caso habría advertido en la intimidad que tiene amistad con él y que se apartaría. El fiscal prefirió el camino del Jury, para evitar dilaciones por las eventuales excusaciones.