Mañana, en una reunión breve, la comisión especial que tuvo a cargo la confección del nuevo Código Procesal Penal le presentará el anteproyecto al gobernador Sergio Uñac. Si bien las autoridades aseguraron que para poner en marcha el nuevo sistema harán falta más jueces, fiscales y defensores oficiales, aún no hay una cantidad precisa. Fuentes consultadas estimaron que ronda en 30: diez para los primeros, quince para los segundos y cinco para los terceros. Incluso, hay algunos que van más allá y calculan que para que el cambio de la investigación en manos de los jueces pase a los fiscales se necesitarán todavía más funcionarios. La cifra de agentes saldrá de la ley de implementación y de la reglamentación llevada a cabo por la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo y el Judicial, lo que se espera que demore un año y medio. De no mediar inconvenientes, el flamante mecanismo estará listo después de mediados de 2019, señalaron en el Gobierno.

La necesidad de sumar más personal surge de que el nuevo proceso, acusatorio y oral será más rápido y habrá audiencias permanentemente, como existe hoy en el sistema de flagrancia (ver recuadro). En esas audiencias participarán los fiscales, los defensores oficiales y los jueces. Actualmente hay diez magistrados de primera instancia (cinco de instrucción y la misma cantidad en correccional) y diez fiscales. Además, hay dos defensores oficiales penales. A eso se le suman nueve jueces de cámara y cuatro fiscales de cámara, que también serán parte en el nuevo sistema.

Otro de los puntos que se definirá con la implementación del procedimiento gira sobre cuántos juzgados quedarán para atender las causas que ya existen y si el mecanismo arrancará de manera directa en toda la provincia o será por secciones. Las fuentes aseguraron que con una puesta en marcha de manera total, se corre el riesgo de congestionar el sistema y que termine colapsando, por lo que lo ideal sería ir por la segunda opción. Además, se deberá establecer el lugar físico necesario para su implementación, con las salas de audiencias para llevar adelante los juicios por jurado, por ejemplo, ya que la Ciudad Judicial no estará lista para la puesta en marcha del nuevo código.

La presentación del anteproyecto al Ejecutivo tiene un motivo: las autoridades buscan que sea revisado en pocos días para que sea remitido como proyecto de ley a la Cámara de Diputados, dentro del período ordinario de sesiones, el cual finaliza el 30 de este mes. El Código establece los mecanismos de persecución contra el crimen, eje al que la gestión uñaquista le ha puesto muchas fichas en el marco de su política contra la inseguridad (Ver claves). Según explicó Fabiola Aubone, secretaria de Gobierno y Justicia del Ministerio de Gobierno, integrante de la comisión, la iniciativa tiene 602 artículos en total y en el mismo se establece el cambio radical en el proceso penal, en el que los delitos serán investigados por los fiscales y los jueces cumplirán con un rol de control de las garantías constitucionales. Además, sostuvo que "la vigencia del nuevo código será a partir del momento en que estén dadas todas las condiciones, esto quiere decir, estructura presupuestaria, edilicia y de recursos humanos".

Nuevas instancias

Control de detención

Esta audiencia se realiza dentro de las 72 horas de ocurrida la detención. Se determina si la persona permanece tras las rejas o si espera en libertad la siguiente instancia.

Multipropósito

Está estimada que se produzca, a más tardar, a una semana de que se lleve adelante la auditoría de control de detención. En esta instancia se trata de resolver la causa.

Juicio por jurados

Habrá 12 personas que definirán si el sospechoso es culpable. Está previsto que se produzca para los delitos graves. Así, el proceso durará unos 36 días, salvo para casos complejos.

 Funcionarios para el sistema de Flagrancia

 Los primeros días de julio asumieron los nuevos funcionarios que dieron inicio al sistema de Flagrancia, el mecanismo de enjuiciamiento exprés para delincuentes atrapados con las manos en la masa. El procedimiento fue el puntapié inicial para la investigación fiscal que se replicará en el nuevo código.

Fueron doce los cargos que fueron ocupados: cuatro jueces, cuatro fiscales y cuatros defensores. Se trata de los magistrados Ricardo Moine, Carlos Alberto Lima, Ricardo Grossi Graffigna y Eduardo Raed, junto a Iván Augusto Grassi, Gabriel Adrián Riveros, Virginia Branca e Ignacio Antonio Achem que se desempeñan como fiscales. Además juraron Alejandro Martín García, Lisandro Zapata Lloveras, Daniel Montiel Zelko y Juan Facundo Gil Nale como defensores.

Además, los fiscales Fabricio Médici y Daniel Guillen actúan como fiscales coordinadores.