Tras la audiencia de control de detención, el grupo piquetero que está en la mira por haber cortado durante tres días calle Benavidez y Ruta 40 quedó en libertad, aunque recibió una dura imposición por parte del juez de Garantías, Diego Sanz. Para no ir presas, las 22 personas que integran la organización deberán evitar la interrupción del tránsito durante un año. La medida restrictiva se dio a raíz de un pedido de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales, que solicitó un año para llevar adelante la investigación penal preparatoria, plazo que fue concedido por el magistrado. Un punto clave de la resolución fue que la Fiscalía, a cargo de Adrián Riveros, solicitó que no se mantenga la detención de los imputados, por lo que los abogados defensores no se opusieron al requerimiento. La única defensa que presentó reparos, al manifestar que se trató de un reclamo social que no puede ser criminalizado, fue la de Nancy Vanesa Garín, líder del grupo, el cual fue rechazado. Desde el peronismo de Chimbas destacaron que, históricamente, la piquetera ha respondido políticamente a distintos sectores y que, por la movida, quedó claro que fue enviada a cortar la Ruta 40 y calle Benavídez.

De los 22 imputados, Garín (38) fue la única que decidió expresarse frente al juez Sanz, ya que el resto de sus allegados se negó a prestar declaración. Con su palabra, la líder buscó desligarse de responsabilidad en la movilización al manifestar que "no soy cabecilla de ningún grupo. Soy una persona más" y sostuvo que, al momento de tener un contacto con la UFI Delitos Especiales en el lugar del corte, sólo se limitó a trasladar el mensaje al grupo. Por su parte, el ayudante fiscal Francisco Pizarro indicó ante el juez que Garín "mencionó que ella era quien estaba a cargo de la manifestación y que hablaba en representación de quienes se encontraban en el lugar". Un punto clave, que derivó en la detención de los piqueteros, fue que la UFI Delitos Especiales intentó convencer a las personas para que desistan del corte de la arteria y que trasladaran la manifestación a una vereda contigua, pedido que no prosperó, por lo que, a través de la Policía, se dispuso a la detención de todos los involucrados. El procedimiento se llevó adelante por incurrir en el delito de "entorpecer el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas", establecido en el artículo 194 del Código Penal, el que se castiga con prisión de tres meses a dos años.

El abogado de Garín, Nicolás Fiorentino, intentó revertir la acusación al manifestar que se debe considerar el hecho como "un reclamo social, una manifestación de vecinos en extrema situación de vulnerabilidad" y que se debería "evitar la criminalización de este tipo de actos". A su vez, dijo que "no se está ante un hecho delictivo", sino que, a lo sumo, "ante una contravención", por lo que no se debería tramitar en el sistema acusatorio. El juez Sanz rechazó el planteo, ya que la Fiscalía recordó que los delitos por corte de calle fueron incorporados a dicho sistema a fines del año pasado. Así, el fiscal Riveros reafirmó que "es política del Ministerio Público, primero, tratar de disuadir. Si no, perseguir el delito de corte de calle". La de ayer fue la primera audiencia por ese delito en el sistema acusatorio.