El personal que quiera pasar a planta permanente de la administración pública provincial no sólo tiene que haber firmado un contrato de colaboración de servicios antes del 31 de diciembre de 2018, sino que también tiene que cumplir con otros requisitos. Uno de ellos es que deben contar, además, con al menos dos años, consecutivos o alternados, de contratación desde el 1 de enero de 2019 hasta la fecha de sanción de la ley de traspaso. No es lo único, ya que tendrán que estar al día con los impuestos provinciales que cobra la Dirección General de Rentas, al igual que con las cuotas de una casa del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), si es que la obtuvo bajo algunos de los programas de la repartición.

Las exigencias se encuentran plasmadas en el proyecto de ley, el cual fue derivado a comisión para su estudio. La expectativa en el Gobierno es que el mes que viene ya esté aprobada la norma. El traspaso involucra, en principio, a 1.965 trabajadores temporarios que tienen un contrato firmado hasta diciembre de 2018 y que, además, deben acreditar 24 meses de contratación desde el día siguiente de esa fecha hasta que se apruebe la ley. La ministra de Hacienda, Marisa López, sostuvo que este último punto se agregó para corroborar que el empleado se encuentre aún bajo relación contractual con el Estado y cumpliendo tareas dentro de ese plazo mínimo, de forma consecutiva o alternada. Según explicó, fue para poner un límite al ingreso de aquel contratado que renunció o fue dado de baja desde el 1 de enero de 2019 y no fue reincorporado.

Por otro lado, el proyecto resalta que los contratados deben presentar un Certificado de Regularidad Fiscal emitido por la Dirección General de Rentas, con el que se acredita que "no registra deudas exigibles o que se encuentra al día en el pago de los impuestos provinciales". Es decir, no solo contempla la cancelación de todos los tributos (Automotor, Inmobiliario, Sellos e Ingresos Brutos), sino también un plan de pagos. Además, deben presentar un certificado emitido por el IPV, el cual refleja que no "registra deudas exigibles impagas o que se encuentra al día en el pago de préstamos". Ante estas condiciones, López hizo hincapié en que "los empleados públicos perciben un salario, cuyo recurso proviene de la recaudación de impuestos. Entonces, lo primero que deben cumplir y estar al día es con las obligaciones fiscales". Con el tema del IPV, resaltó que el organismo cumple un fin social y que la cancelación de las cuotas sirve para alimentar el circuito de los planes de construcción para beneficiar a aquellos que necesitan de un hogar.

Los tres requisitos son los ejes más relevantes del proyecto de traspaso a planta permanente, el cual viene trabajando la gestión uñaquista con los gremios estatales, los que piden que se regularice la situación de ese tipo de empleados. Sucede que, al quedar efectivos, obtienen la estabilidad laboral y ya no dependen de la voluntad del Gobierno de turno, ya que los contratos se firman de cero anualmente. Además, un agente de planta percibe los aumentos salariales acordados en paritarias o en instancia de negociación salarial, jubilación, obra social, asignaciones familiares, entre otros. En Hacienda calcularon que el pase se terminará de concretar en el primer semestre del año que viene.

También se les requerirá el nivel de educación formal de acuerdo al agrupamiento al que apunta a ingresar. Los contratados deberán aprobar una capacitación, cuyas pautas se definirán a través de la reglamentación de la ley.

Otras exigencias

El Gobierno no incorporará ningún personal que esté en condiciones de acceder a alguno de los beneficios jubilatorios. También se les exigirá a los contratados que deben demostrar experiencia, conocimiento y eficiencia en el trabajo, lo que certificará la autoridad del área en la que se desempeñó el trabajador temporario.

Salud

Los contratados deberán acreditar su aptitud psico-física a través de la Dirección de Control y Reconocimientos Médicos del Ministerio de Salud Pública. Además, deben presentar certificado de antecedentes y planilla prontuarial y una declaración jurada en la que conste que no percibe ninguna otra remuneración de otro Estado provincial o municipal.