La causa contra la abogada Paola Miers y los médicos Federico Bazán y Federico Antequeda (miembros del grupo pro vida), quienes trataron de impedir un aborto no punible en el Hospital Rawson, parecía que había caído en el archivo, luego de que la fiscal de Cámara, Marcela Torres, no mantuviera la apelación que había hecho su colega de primera instancia Silvina Gerarduzzi contra el sobreseimiento dictado por el juez Matías Parrón. Sin embargo, el expediente continúa en vilo, debido a que el querellante Reynaldo Bedini, que representa los intereses de la madre de la menor a la que se le produjo la intervención quirúrgica, sí pidió que el fallo que desliga a los antiabortistas sea revisado, por lo que la Sala I de la Cámara de Apelaciones deberá analizar los planteos. En sintonía con Gerarduzzi, el abogado sostiene que los imputados incurrieron en delitos como falsa denuncia, divulgación de datos personales y usurpación de autoridad.

La apelación de la querella trascendió ayer y, ahora, los camaristas Juan Carlos Caballero Vidal (h), Martín Heredia y Miguel Dávila Saffe deberán resolver si confirman el sobreseimiento dictado por Parrón o lo revierten y, en consecuencia, ordenan que baje el expediente con los lineamientos para procesar a Miers, Bazán y Antequeda. Fuentes judiciales aclararon que, al estar caída la acusación fiscal, los representantes del Ministerio Público no intervendrán en el expediente, por lo que sólo se mantiene la acción de la querella.

El caso estalló el 25 de agosto de 2018, cuando se le hizo un aborto no punible a una adolescente con retraso madurativo que había sido víctima de una violación. En el escrito, Bedini indicó que hay tres puntos clave que dan cuenta de un accionar irregular por parte de los miembros del grupo pro vida. El primero es que Miers, Bazán y Antequeda sabían que lo que se estaba produciendo en el Hospital Rawson era una interrupción no punible de un embarazo, contemplado en el Código Penal, ampliado en el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia y en tratados internacionales de Derechos Humanos. Pese a ese conocimiento, decidieron denunciar presuntas irregularidades en el procedimiento que se llevó adelante en el centro asistencial, así como un falso diagnóstico de la menor. El abogado indicó que eso lo hicieron "al solo efecto de justificar su acción, consistente en ingresar a la habitación de la niña para convencer a su madre que desista de su petición". El querellante indicó que, si hubiera existido un diagnóstico que justificara, de alguna forma, la intervención de los profesionales, como una eventual gesta retenida y sangrado, y pedido de pase a cirugía, tal cual lo aseguraron los imputados en sus declaraciones, eso debió estar plasmado en la histórica clínica de la paciente, algo que no figura. Sobre las irregularidades denunciadas, como que la menor no contaba con un estudio prequirúrgico, destacó que "son falsas o fueron provocadas por ellos porque querían impedir la práctica".

Por otro lado, el segundo punto que cuestionó el abogado fue que Antequeda reconoció expresamente que "la paciente víctima no le había sido asignada" a él, dado que se desempeña en otra área del Rawson. Entonces, destacó el querellante, que el imputado "no se encontraba autorizado a acceder a la historia clínica". Al tomar conocimiento de esos datos y comunicarlos a Miers y Bazán, incurrieron en el delito de divulgación de datos. Además, sobre la supuesta autorización que dio la madre de la víctima a una ecografía que realizó Antequeda bajo la presencia de Miers y Bazán, Bedini indicó que la mujer "no podía oponerse, máxime cuando el autor (Antequeda) se presentó como el jefe de Ginecología". El tercer punto, es que, hubo una usurpación de autoridad, ya que, "arrogándose un cargo que no poseía, accedió a la historia clínica con la finalidad de violentar su intimidad e intentar persuadirla de cambiar la decisión".

>> CRONOLOGÍA

Agosto 2018

Luego de que en el Hospital Rawson se llevara adelante un aborto no punible, Federico Bazán y la abogada Paola Miers denunciaron al médico que realizó la práctica y a las autoridades del nosocomio.

Agosto 2018

El fiscal Daniel Galvani desestimó la denuncia realizada por Miers y Bazán, debido a que entendió que el aborto realizado en el hospital no es punible. En cambio, pidió que se analicen las conductas de los denunciantes.

Septiembre 2018

La fiscal Silvina Gerarduzzi le solicitó al juez Matías Parrón que abra la investigación contra los denunciantes y contra el médico Federico Antequeda, por falsa denuncia y ventilar los datos personales de la víctima.

Marzo 2020

El juez Parrón desligó a los miembros del grupo pro vida de los delitos de falsa denuncia y revelación y divulgación de datos. Tras el fallo, la fiscal Gerarduzzi apeló la resolución, que recayó en la Sala I.

Agosto 2020

La fiscal de Cámara, Marcela Torres, no sostuvo la apelación de su colega, por lo que la acusación fiscal no se mantuvo en la instancia superior. Así, sólo quedó vigente el planteo de la parte querellante.