Luego del escrito que el exadministrador del Arzobispado Juan Francisco Brozina presentó en el Cuarto Juzgado de Instrucción de la provincia en el marco de una investigación por administración fraudulenta, en el que acusaba a monseñor Alfonso Delgado de haber ingresado dinero al país sin pagar impuestos y omitiendo declararlo ante la AFIP, el Ministerio Público Fiscal Federal hizo un requerimiento de instrucción por los presuntos delitos de lavado de dinero y evasión impositiva, que son transgresiones federales. En el planteo no apunta directamente contra el obispo, pero lo cita como participante en las maniobras. Ahora la palabra la tiene el juez Leopoldo Rago Gallo, quien debe decidir si inicia o no un nuevo proceso.

El escándalo del Arzobispado, que ha causado conmoción en la Iglesia sanjuanina, está ahora bajo la lupa de dos ámbitos judiciales distintos. En la Justicia provincial está tramitando una causa contra Brozina y Darío Tapia, los exempleados del Arzobispado que fueron denunciados por Delgado como presuntos responsables de una estafa por una suma de alrededor de 700.000 pesos. Ambos ya fueron procesados (ver aparte). Pero a raíz de un escrito que el primero presentó en su descargo, ahora empezó a actuar la Justicia Federal. Como primer paso, el fiscal Francisco Maldonado hizo un requerimiento de instrucción por la presunta violación al artículo 303º del Código Penal de la Nación, que es el de lavado de dinero, comprendido entre los delitos contra el orden económico y financiero, maniobra que incluye también la evasión impositiva. Pero para que se empiece a instruir una causa, el planteo debe ser aceptado por el juez Rago Gallo.

Para hacer el requerimiento, el fiscal federal tuvo en cuenta que en el escrito Brozina denunció una serie de irregularidades que se habrían venido cometiendo en el Arzobispado. Entre ellas, hizo referencia al ingreso irregular de fondos del exterior. Mencionó que por decisión de monseñor se recibían fondos del Instituto para las Obras de Religión (IOR), con sede el Vaticano, “sin declarar su ingreso”, para luego ser utilizados “en el mercado cambiario paralelo (al tipo de cambio denominado “blue”), sin dejar constancias en la AFIP”.

También describió que el Arzobispado poseía dos cuentas (una en dólares y la otra en euros) en el IOR, pero que ese dinero era ingresado al país en forma irregular “evadiendo impuestos y especulando con la venta de dólares”. Incluso Brozina mencionó en la presentación que el propio Delgado, cuando viajaba al Vaticano, traía consigo el dinero o utilizaba a otros sacerdotes.

Luego de la descripción de estos hechos, el fiscal federal sostiene en su requerimiento que frente a la posibilidad de encontrarse ante una modalidad delictiva compleja de tipo económico, se debería iniciar una investigación “tendiente a dilucidar la existencia material de los hechos denunciados como así también las responsabilidades correspondientes”.

Entre otras medidas de prueba requirió que se oficie al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación y al IOR para que informen sobre los movimientos efectuados por el Arzobispado de San Juan. También pidió que los bancos Galicia, Santander Río y Nación revelen los movimientos de las cuentas pertenecientes a la institución religiosa. A la AFIP le solicitó datos sobre los movimientos realizados por Delgado, Brozina, Tapia y sacerdotes de la Iglesia local. También quiere que las empresas telefónicas den a conocer el registro de llamadas de los anteriores.

El delito de lavado de dinero tiene un castigo de prisión de 3 a 10 años y de multa de hasta 10 veces el monto de la operación.