En medio del debate por el plan re-reeleccionista de José Luis Gioja, la oposición volvió a ir a la Justicia para canalizar sus objeciones. Esta vez, presentó tres acciones de amparo para que en la consulta popular del 8 de mayo se habilite a votar por el SI o el NO a la re-re a los jóvenes que tienen entre 18 y 21 años. El planteo responde a que, por mandato de la Constitución, el plebiscito se hará con el padrón de 2007 y miles de chicos de esas edades se quedarán afuera porque en aquella época eran menores. Uno de los recursos es impulsado por el ibarrismo y los otros dos por el sector que encabeza César Gioja.
Es la tercera vez que la oposición apela a la vía judicial. El Foro Cívico y Social hizo un planteo para parar la sesión donde se aprobó la ley enmienda constitucional que habilita un tercer mandato seguido para el gobernador y César Gioja presentó ocho amparos cuestionando la fecha de la consulta popular. En ambos casos, los jueces civiles que intervinieron rechazaron los planteos por considerar que no son temas judiciables.
La estrategia de usar la misma vía en la discusión por los jóvenes era un secreto a voces desde hace un par de semanas, hasta que ayer se concretó con tres amparos. Y se sabe que en el radicalismo y el GEN evalúan la posibilidad de hacer lo mismo en los próximos días.
El primero ingresó a los Tribunales locales minutos después del mediodía y recayó en el Juzgado Civil Nº 7, a cargo de Elena Videla. Los abogados ibarristas Carlos Munizzaga y Damián Villaverde piden que la Justicia le permita votar a Carla González, de 21 años, y que la medida se haga extensiva al resto de los jóvenes inhabilitados.
Sostienen que se está violando el derecho supremo de sufragar de todo ciudadano y piden que se declare inconstitucional la ley que llama a consulta popular el 8 de mayo. Munizzaga aseguró que la Constitución dice que "se tiene que hacer junto con las elecciones generales", es decir el 23 de octubre, y "no cuando quiera el oficialismo". Según el abogado, si no se violara la carta magna, el plebiscito sería en octubre, se usaría un padrón actualizado y ningún joven quedaría afuera.
Por el lado de César, hubo hermetismo. Las dos acciones judiciales que impulsó su sector fueron presentadas minutos antes de las 13 en la Justicia Federal y los amparistas son dos y tres jóvenes respectivamente. Fuentes del entorno del senador no informaron el nombre de los chicos ni los abogados patrocinantes y se limitaron a decir que el argumento es que les están cercenando el derecho a votar.
Las fuentes explicaron que eligieron los Tribunales federales, porque es la Nación la que confecciona los padrones y la única habilitada a introducir altas y bajas de la nómina.
La situación de los jóvenes se convirtió en foco de polémica, cuando desde la oposición salieron a culpar al gobierno. Cada vez que puede, Gioja responde que no hay ninguna mano negra y que es la Constitución la que obliga a usar el padrón de 2007. Por su parte, el Tribunal Electoral insistió ayer a través de una solicitada en este diario que la exclusión se debe a la "imposición" del artículo 238 de la Carta Magna.