El caso de las llamadas facturas truchas, que tuvo ribetes de escándalo porque incluyó numerosos allanamientos a empresas por la presunción de que evadían el pago de impuestos nacionales, ya tiene pedido de elevación a juicio por parte del Ministerio Público Fiscal. En la mira están los contadores Francisco Martiniano Place y Sebastián Fernández De Cieza, la abogada María Graciela Vega Lecich y los empresarios Pedro Octavio Lima y Hermógenes Enrique Peña. Están sospechados de participar en una organización delictual que se dedicaba a confeccionar boletas apócrifas que posibilitaban eludir la obligación de pagar tributos al Estado.

El delito que se les imputa es la asociación ilícita, que contempla penas que van de 3 a 10 años de prisión o reclusión cuando 3 o más personas toman parte de una estructura organizada con el propósito colectivo de delinquir. En los casos de Place y de Vega Lecich, el mínimo de la pena se elevaría a 5 años de prisión porque se los considera los jefes de la organización, según figura en el requerimiento fiscal. Por eso, en el caso de ser encontrados culpables, podrían recibir una condena de prisión efectiva.

El planteo fue formulado por la fiscal Federal Katia Troncoso, quien ya dejó el cargo, y por Carlos Gonella, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Este último funcionario, cuando estuvo en San Juan, estimó que el monto de la evasión tributaria ronda los 20 millones de pesos.

Las actividades desarrolladas por el grupo habrían consistido en la producción y comercialización de facturas truchas para evadir el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), para lo cual incluso constituían “sociedades fantasmas” y la “contratación de testaferros” para ocupar los cargos directivos de aquellas empresas irreales. En el caso también hay sociedades que figuraban en cesación de pagos, que eran utilizadas como pantallas para “emitir la facturación apócrifa”.

En el planteo también se establece el papel que cumplía cada uno de los integrantes de la organización. A Place y a Vega Lecich les atribuyen haber utilizado sus conocimientos contables y jurídicos y haber dirigido el grupo. Incluso que prestaron sus oficinas para ser la “pantalla” tras la cual se llevaban adelante los fines delictivos.

En cuanto a Fernández De Cieza, le imputan que, como contador, ofrecía los “servicios” de la organización a través de correos electrónicos y “asesoraba” a los usuarios de las boletas truchas “para concretar la operatoria ilegal de la organización”.

A Lima le atribuyen que “prestaba” su nombre para armar las empresas, mientras que Peña “elaboraba” las facturas cuestionadas.

El pedido de elevación a juicio es parcial porque la Justicia todavía continúa investigando la maniobra de la evasión tributaria.

Después de este planteo, ahora corresponde notificar a las defensas de los imputados y a la AFIP, el organismo nacional que controla el pago de los impuestos. Recién después, el juez Federal de San Luis, Juan Carlos Maqueda, estará en condiciones de elevar la causa a juicio.