A través de una comunicación por fax y correo electrónico, el Juzgado Federal Nº2 recibió de España el pedido de extradición de Carlos Fernández Gámez, el exconcejal en el país ibérico que está en la mira por causas de corrupción y que en San Juan se desempeñaba como coach de políticos y empresarios. Ante la solicitud, el juez Leopoldo Rago Gallo le negó la libertad, por lo que el español seguirá detenido en el Penal de Chimbas hasta que se realice el juicio de extradición, indicaron fuentes judiciales.

El planteo de España llegó el martes y ayer el magistrado rechazó un recurso de la defensa de Fernández Gámez, que había pedido el cese del arresto provisorio, dado que se había cumplido el plazo máximo. Ahora, se inicia el proceso y comienza a correr un lapso de 10 días para que la Fiscalía Federal y los abogados del español presenten y ofrezcan pruebas sobre el caso. Luego de ese paso, el magistrado y desde la Secretaría Penal Nº5, a cargo de Florencia Gutiérrez, deben fijar la audiencia en la que se llevará a cabo el juicio de extradición.

El caso de Fernández Gámez levantó polvareda porque se fue de España en 2006 mientras estaba envuelto en un resonante caso de corrupción. El mismo fue hallado por la Policía Federal en San Juan el 15 de septiembre. En estas tierras no se mantuvo en la clandestinidad sino que formó una familia y creó una empresa de coaching en la que asesoraba a políticos y empresarios. Según había publicado Diario Sur de España, el Juzgado de Instrucción Nº5 de Marbella había iniciado los trámites ante el Ministerio de Justicia para que encare la extradición con el objetivo de que dé explicaciones en ese país sobre su presunta participación en el escándalo conocido como Malaya. Se trata de una megacausa de corrupción en el Ayuntamiento (municipio) de Marbella en el que Fernández Gámez fue concejal. La causa desnudó un entramado de asociaciones que encubrieron actividades delictivas de cohecho y malversación de caudales públicos, entre otras, llevadas a cabo por empresarios, abogados y dirigentes en el órgano de gobierno y administración del municipio español. No fue lo único, ya que el mismo Juzgado de Marbella también solicitó la extradición por un proceso abierto contra el exconcejal por la presunta concesión ilegal de licencias urbanísticas. El juez entiende que ambos casos no han prescrito.

Puja

Prescripción

Fernández Gámez fue condenado en España, en 2005, a dos años y medio de prisión por malversación de caudales públicos al quedarse con 80 mil euros de un club de fútbol. Su defensa señala que la sentencia está prescrita.