La gestión uñaquista comenzó ayer a saldar una deuda de 30 años con los departamentos de San Juan al presentar un proyecto de ley histórico de coparticipación municipal. La iniciativa tiene en cuenta parámetros objetivos para la distribución de recursos provinciales a las comunas, en los que la cantidad de habitantes se lleva el mayor peso del reparto y en el segundo escalafón se encuentran los hogares bajo pobreza (con necesidades básicas insatisfechas). De acuerdo a la propuesta, ningún municipio recibirá el año que viene menos recursos de los que percibe hoy, pero si sucediera lo contrario, habrá una compensación del Tesoro Provincial durante el primer año de puesta en marcha de la ley. Fuentes oficiales aseguraron que la norma será sancionada, a más tardar, a principios de octubre, aunque entrará en vigencia en 2019.

Para generar el proyecto, Hacienda llevó adelante reuniones con los municipios

El proyecto plantea un cambio radical a la hora de la distribución de los recursos a las comunas. En la actualidad se destina una suma fija que responde, en mayor medida, a la masa necesaria para afrontar sueldos de empleados municipales, lo que ha ido generando asimetrías entre los municipios que fueron engrosando sus plantas. Que sea un monto fijo también se prestó para un reparto discrecional de los respectivos gobiernos de turno. El Ejecutivo ahora establece que los fondos a repartir estarán atados a parte de la recaudación impositiva local y a una porción de los recursos tributarios que lleguen de Nación y que no tengan una afectación específica. Esto implica que las partidas municipales estarán en línea con la actividad económica provincial y nacional, por lo que no quedarán retrasadas con, por ejemplo, la inflación, algo que sí ocurre en la actualidad.

Según el proyecto, el 80 por ciento de la recaudación impositiva local irá a las arcas de la provincia, mientras que el resto será destinado a los municipios. De los tributos nacionales, la distribución será de un 85,5 para la administración local y un 14,5 para las comunas. Ambas fuentes de recursos representan más dinero a distribuir entre los municipios, lo que se denomina coparticipación primaria. Actualmente, ese esquema representa el 13,2 por ciento de los fondos de libre disponibilidad (sin un destino especifico), mientras que, según resaltó el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, en la ley esa cifra se eleva al 15,6 por ciento.

En la llamada coparticipación secundaria, el porcentaje que le toca a cada municipio, hay cambios centrales. Uñac ya había dado las pinceladas para implementar un nuevo sistema en busca de corregir las desigualdades que había generado el régimen anterior. En 2017 definió que de la totalidad de los fondos para los departamentos, el 80 por ciento fuera de manera tradicional, mientras que el 20 restante fuera distribuido de acuerdo a criterios como población, necesidades básicas insatisfechas, infraestructura escolar y seguridad. El mecanismo produjo cambios para cada comuna. Un ejemplo fue Rawson, que mejoró su índice, ya que siempre reclamó por más dinero por ser el departamento con más habitantes. Por otro lado, quien fue perdiendo coeficiente a través del tiempo fue Capital (Ver infografía).

En el proyecto de ley, la gestión uñaquista se basó en nueve ítems centrales para el reparto. El primero es la población, que representa el 49 por ciento de la distribución. Esto obedece a la prestación de servicios que deben realizar los municipios a los los vecinos. El segundo criterio es la cantidad de hogares con necesidades básicas insatisfechas, índice que representa el 23 por ciento del total. El tercer ítem responde a una distribución igualitaria de un 15 por ciento entre las 19 comunas. En el cuarto aparece un punto clave, como la recaudación por Ingresos Brutos que aporta cada distrito al fisco provincial. Ese tributo refleja la actividad económica, así que quien más recursos genere, más fondos recibirá por ese concepto. Un ejemplo de ello es Capital, donde se concentra el mayor nivel de actividad. Luego habrá un reparto en torno al dos por ciento por la distancia de la villa cabecera a la ciudad. En ese caso, los más favorecidos serán los más alejado, como Valle Fértil. En los últimos porcentajes aparecen el alumbrado Público con un 1,5 por ciento, el aporte por Impuesto Automotor con el 1,1 por ciento, la dispersión poblacional con el 1 por ciento y el impuesto Inmobiliario con 0,6. 

La iniciativa establece la creación de dos fondos y no fue la única que se presentó, ya que también ingresó el proyecto de responsabilidad fiscal.

Distribución

3.180

Son los millones de pesos que la provincia repartirá este año a los 19 municipios. Según el flamante proyecto, en 2019 ninguna comunas percibirá menos que este año.

Fondos

De emergencia

Tiene como finalidad asistir a los municipios en casos de emergencia financiera, económica, social o institucional. El fondo se constituirá con la detracción del cinco por ciento del monto que resulte a su vez de la aplicación del 20 por ciento que le corresponde a las comunas de los impuestos provinciales. Para acceder a estos recursos, los municipios deben presentar una solicitud debidamente fundada, a la vez que deben adherir a la ley de Responsabilidad Fiscal local. Los saldos no ejecutados pasarán a integrar el fondo de Desarrollo.

De desarrollo

Tiene como destino el desarrollo económico, productivo, industrial, turístico y urbano. Se integra con la detracción del tres por ciento del monto que a su vez resulte de la aplicación del 14,5 por ciento que le corresponde a las comunas de los impuestos nacionales. Para conseguir estos recursos, los municipios deben presentar al Ejecutivo sus proyectos de desarrollo y cumplir con las reglas fiscales que establece la ley. Hacienda podrá redistribuir hasta el 75 por ciento de los fondos excedentes no utilizados por las comunas.