El caso del escandaloso video del Hospital Marcial Quiroga derivó en una fuerte polémica entre la Justicia provincial y el Ministerio de Salud Pública. El juez que investiga a los profesionales que aparecen en la filmación haciendo bromas y burlándose de un paciente al que le sacan una botella del recto había pedido documentación a la cartera sanitaria y como nunca la mandó, ayer ordenó allanar el nosocomio y se espera que la medida se lleve a cabo en el día de hoy. En la repartición oficial aseguran que hay información que forma parte del secreto profesional y en Tribunales retrucaron que las autoridades de Salud tienen la obligación de responder al pedido que hizo el juez.

En la mañana de ayer, la fiscal Estela Marys Romero hizo caso a las instrucciones que le había dado la Fiscalía General de la Corte y pidió que sean allanadas las oficinas del Marcial Quiroga para secuestrar la documentación. Por la tarde, el juez Correccional Eduardo Gil le dio el visto bueno al pedido y mandó un oficio a la Policía ordenando que se cumpla la medida. Según fuentes judiciales, es muy posible que el allanamiento se haga hoy.

La documentación en cuestión es el libro de guardia del nosocomio, el libro de anestesia, el libro de quirófano y la historia clínica del paciente que fue intervenido. El magistrado la solicitó por oficio hace más de diez días y hasta ayer, al Poder Judicial no llegó nada de eso.

El ministro Oscar Balverdi reconoció que hay documentación que no han mandado porque "es de carácter reservado y se refiere a cuestiones privadas del paciente". Según el funcionario, el departamento jurídico le comunicó que para enviar la información "el juez deberá relevar expresamente del secreto profesional a todos los intervinientes de las acusaciones". Es decir, autorizarlos a aportar los datos, para que a futuro no sean acusados de violar el secreto profesional.

En la Justicia aseguraron que con la información que están pidiendo no se viola el secreto profesional, porque no se está interrogando a ninguno de los médicos a los que les cabe ese deber. Por eso, señalaron que es obligación de las autoridades de Salud Pública y del Marcial Quiroga brindar los datos para avanzar en la investigación.

La causa judicial se disparó a principios de este mes, cuando Balverdi denunció en la Justicia Penal la existencia de un video en Internet que muestra a 15 personas, entre médicos, colaboradores y enfermeros, cuando con sus celulares filman, se ríen y hacen bromas mientras una sola le extrae la botella al paciente. Lo que se investiga son los presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público y violación del secreto profesional por parte de los que participaron del escándalo, aunque la carátula se podría modificar si la víctima se presenta y denuncia haber sufrido algún daño al trascender en la web el video.

Balverdi negó ayer que desde Salud Pública y el Hospital Marcial Quiroga exista mala voluntad para colaborar en la investigación judicial. Además, aseguró que "somos los principales interesados en que esto se resuelva lo antes posible".

Además del allanamiento, en el oficio que salió ayer de Tribunales Gil le pidió a Salud Pública que mande de inmediato copia del sumario administrativo que están realizando contra los profesionales que están en la mira. Por otra parte, convocó a prestar declaración testimonial al jefe de Cirugía del nosocomio. Le quiere preguntar sobre el reglamento interno que se debe seguir en el quirófano, si está permitida la filmación de las operaciones quirúrgicas, si pueden ingresar personas que no están afectadas a la operación y objetos como celulares o filmadoras.

Al magistrado le queda resolver un pedido que le hizo la fiscal para que indague a los involucrados de participar en el video. Junto a la denuncia Balverdi aportó una lista con el nombre de los 15 profesionales que se ven en cámara, entre los que hay 5 médicos, 8 miembros del personal técnico, 1 enfermera y 1 camillero; la mayoría de ellos entre 25 y 30 años de edad.