Para poner en marcha la Policía Judicial, la Corte de Justicia le solicitará al Gobierno que encabeza José Luis Gioja partidas adicionales, por fuera de los recursos que recibe la Justicia a través del presupuesto provincial. El dato lo brindó un integrante del máximo tribunal durante la exposición que brindó el presidente de la Corte de Justicia de Costa Rica, Luis Paulino Mora Mora, quien vino a San Juan a aportar su experiencia sobre la implementación de la fuerza científica en ese país. El futuro pedido tiene su sustento en que el actual presupuesto judicial está destinado a los sueldos y a los gastos habituales y operativos de Tribunales, destacó la fuente.
El cálculo de lo que costará poner en práctica el sistema y el punto de partida aún están en estudio, ya que se aplicará de forma gradual y de acuerdo a las distintas áreas que tendrá la estructura, según explicó Abel Soria Vega, otro de los ministros de la Corte, que reconoció que la inversión “puede ser alta”.
La Policía Judicial es un cuerpo de investigadores que dependerá exclusivamente de la Justicia y es clave, ya que se abocará al esclarecimiento de delitos, a diferencia del rol que cumplirá la Policía de prevención. Desde los Juzgados penales reclamaban una mayor preparación de las fuerzas de seguridad para poder enfrentar y resolver la complejidad de las nuevas modalidades delictivas, y la Policía Judicial apunta en ese sentido. La Corte local creó una comisión de juristas para que redacten el proyecto que contendrá el organigrama y el funcionamiento de la nueva estructura de investigación, trabajo que estará finalizado, según el juez Raúl Iglesias, en 30 días. Ayer, los miembros de esa comisión recibieron la visita de Luis Mora, quien cuenta con una vasta experiencia sobre la materia (Ver foto).
Si bien aún no están los números económicos de lo que implicaría el emprendimiento, Soria Vega reconoció que “la cifra puede ser muy alta”. Es que semejante estructura necesita, como primer paso, la creación de un área científica y si bien el ministro admitió que “tenemos forenses, una morgue y un laboratorio incipiente, a este último tenemos que agrandarlo, equiparlo y encontrar las personas adecuadas para hacerlo funcionar”.
El otro peldaño indispensable es el personal que desempeñará las tareas investigativas. Soria Vega manifestó que “vamos a ver qué recursos tenemos”. Es que las posibilidades que se barajan es incorporar a los uniformados que están en actividad y en facetas investigativas o a expertos en criminología. En ese punto, está la experiencia mixta de la Policía Judicial de Córdoba y el caso de Costa Rica, que arrancó de cero, con nuevos profesionales. Una fuente calificada de la comisión redactora del proyecto resaltó que ambas ideas están en carpeta de la Corte de Justicia.
Una vez que la comisión eleve el proyecto al máximo tribunal, éste decidirá si lo aprueba. Y para ponerlo en funcionamiento, la Corte entablará las conversaciones con el Poder Ejecutivo para recibir el apoyo económico.