Diputados oficialistas y opositores finalmente lograron consensuar ayer un proyecto de ley de reestructuración del Departamento de Hidráulica que, según anticipan; dejaría conformes a los regantes y a las cámaras productivas que vienen resistiendo el proyecto oficialista inicial: El nuevo texto elimina directamente la frase que originalmente establecía "modificar uno o más artículos del Código de Aguas”, y además introduce un aspecto nuevo -pedido por el agro- que es el de otorgar potestad a todas las entidades, cámaras e industrias que tengan relación con el uso del agua para cualquier modificación futura, y no solamente a las juntas de riego como establecía el anterior proyecto.
"Creemos que ahora, de esa manera todas las partes quedarán conformes" aseguró el diputado oficialista Antonio Salvá, el único que salió ayer a hablar del tema que mantiene en alerta a 11 entidades de la producción sanjuanina que se niegan rotundamente a la realización de cambios en la ley de aguas, y menos sin su intervención directa en el tema.
El caucetero Salvá es presidente de la comisión de Economía, la que junto a las de Hacienda y Presupuesto y la de Legislación y Asuntos Constitucionales son las tres donde ayer se debatió en Labor Parlamentaria el polémico proyecto.
Salvá agregó que durante toda la mañana y parte de la siesta se estuvieron debatiendo los cambios, y que finalmente se terminó de redactar un proyecto diferente al que originalmente ingresó "que dejará conformes a todos", anticipó, destacando los dos cambios sustanciales contados arriba, y sin dar más detalles respecto al resto de los artículos.
El legislador aseguró a DIARIO de CUYO que hay un "consenso generalizado" para que la nueva versión sea debatida finalmente mañana en sesión, pero que hoy deberá conseguir que todas las comisiones participantes emitan el dictamen. De concretarse, el proyecto puede convertirse en ley mañana, después de semanas de idas y vueltas y de incertidumbre (ver aparte). "No puedo asegurar ya (por ayer) si se va a tratar o no este jueves, pero sí puedo asegurar que hay consenso de todos los diputados", dijo Salvá,
Mientras tanto, el personal del Departamento de Hidráulica metió presión en el tema y anunció una medida de fuerza que comenzará el lunes próximo y que sería por tiempo indeterminado, si Diputados no trata mañana el proyecto.
La ley de Reestructuración de Hidráulica es un proyecto reclamado al Ejecutivo por las entidades del agro, las que tras 2 años consecutivos de escasez de agua vienen reclamando por una ley que otorgue un mayor presupuesto al departamento rector del agua de riego con el cual se puedan reponer decenas de puestos de celadores y tomeros de canales que se fueron jubilando y que son claves para cuidar el agua que cada vez está más escasa, entre otros aspectos pendientes.
Pero en el texto girado por el Ejecutivo a Diputados el 6 de junio pasado los productores se encontraron con la sorpresa de que en el proyecto enviado se había "colado" en el artículo 5 la modificación del Código de Aguas, lo que desató una gran pelea que incluyó la movilización y corte de calles en la Legislatura.
Las acciones se endurecieron más cuando el cuestionado artículo 5 permaneció en el texto del proyecto pese a que el gobernador Gioja recibió en su despacho a los presidentes de las cámaras productivas y prometió públicamente que no se iba a modificar el Código de Aguas. La excusa para mantenerlo en Diputados fue que el texto había sido redactado en forma conjunta entre el Gobierno y las Juntas de Riego que "legalmente representan a los productores de todo San Juan", según dijo entonces el titular de Hidráulica, Jorge Millón, con lo cual concluían que era el proyecto de los productores. Las cámaras productivas rechazaron esa tesitura y exigieron durante todas estas semanas que a la hora de realizar cualquier cambio, además de las Juntas de Riego debían tener la posibilidad de votar cada una de las entidades involucradas en el uso del agua. "Hemos consensuado que eso quede incorporado así", dijo ayer Salvá. "En el artículo 3 de la nueva versión se ha incluido que ante cualquier modificación futura se debe llamar a las juntas de riego y a todas las entidades que usan el agua, inclusive a las industrias", dijo el legislador.
¿Por qué quiere el Gobierno modificar la ley de aguas? Millón dijo varias veces que quieren actualizar una norma que "quedó desactualizada” -el código vigente data de los años "50- y adecuarla a los tiempos vigentes. Pero fuentes oficiales explicaron en voz baja en junio pasado que lo que se quieren en el fondo es poder cobrar a todo regante por el uso del agua subterránea. En San Juan existen unos 250 pozos de agua y por un vacío legal en el Código de Aguas, "sólo se le puede cobrar a unos 20, que son industrias, bodegas y mineras" explicó entonces a esta cronista una fuente de gobierno.
El agro rechaza de plano esta modificación y las entidades -aun aquellas afines al gobierno- han manifestado abiertamente que entablarán una ardua lucha para impedirlo. "Por poco nos van a cobrar hasta por el aire que respiramos", se quejó un reconocido representante del sector productivo local.