La decisión de la Corte de Justicia de San Juan de hacer una nueva excepción a la obligación de realizar concursos y ascender a 310 empleados administrativos, entre ellos a la presidenta de la Unión Judicial, María Carmen Ortega, sin otro criterio que la discrecionalidad, provocó roces en la conducción de la entidad gremial, que en marzo renovará sus autoridades. Quien será el nuevo conductor del gremio, Sebastián López, dijo que “como dirigente y por una cuestión de ética, no puedo someterme a las reglas de un ascenso a dedo”.
Y aclaró que en su caso, renunció por nota “a cualquier ascenso que no sea por concurso o por reescalafonamiento”. Pero prefirió no referirse en particular al caso de Ortega. No obstante, agregó que “luchar en el sindicato significa deberse a los afiliados y trabajar en primer lugar para ellos y no para los dirigentes”.
Mediante una acordada del 20 de diciembre del 2013, los ministros del alto Tribunal esgrimiendo razones de “urgencia y servicio”, dejaron de lado la reglamentación y promovieron personal a categorías superiores en forma directa, es decir, sin examen académico. El único criterio fue la valoración que ellos mismos hicieron de los trabajadores.
En ese momento fue el propio López el que salió a criticar la decisión manifestando que “no tienen en cuenta los concursos de ascensos que reglamentaron, lo hacen a dedo y se olvidan del principio de igualdad”.
Los planteos se dan justo cuando el gremio de los judiciales está en proceso de renovación de su conducción (ver aparte) y precisamente López será el nuevo presidente y Ortega no figura en la lista.
No es la primera vez que los cortistas usan una vía alternativa a los concursos y que todo termina en polémica. En ese clima planean desde hace dos años convocar a aspirantes a ingresar a Tribunales y prometen que las designaciones serán en base a un examen informático que evita los acomodos.
Precisamente el ascenso por concursos figura entre los objetivos que se plantea llevar adelante la nueva cúpula de los judiciales.