La causa por delitos de lesa humanidad que complica a expolicías sanjuaninos tiene un nuevo detenido y ya suman 10 los que están a disposición de la Justicia Federal. El jueves por la noche, aunque recién se conoció ayer, fue apresado el excomisario inspector Alejandro “Pajarraco” Pereyra, un personaje célebre en la historia provincial por haber intentado matar y luego prenderle fuego al empresario Hugo Naranjo. Por ese hecho fue condenado a 17 años de cárcel, aunque contaba con el beneficio de la detención domiciliaria por su edad, ya que supera los 70 años, y por razones de enfermedad.
Por orden del juez federal Leopoldo Rago Gallo, el jueves 14 de agosto fueron detenidos 9 exuniformados acusados de haber cometido distintos ilícitos durante la dictadura militar, cuando aún estaban de servicio. Se trata de José Eladio Escudero, Carlos César Raúl Oro, Carlos Antonio Saavedra, Juan Alberto Aballay, Pedro Eduardo Blanco, Miguel Angel Mereles, Carlos Alberto Olha, Rodolfo Horacio Blanco y Alberto Bazán.
Los sospechosos tienen en común que en la década del ’70 formaron parte del área de Inteligencia de la Policía de San Juan, el llamado D-2. La función de esta oficina era realizar la prevención y seguimiento de la actividad que llevaban adelante los dirigentes políticos y sindicales, vinculados sobre todo a la organización Montoneros. Según la investigación judicial, se estima que participaron en tareas de rastreo y colaboraron con los grupos de tarea que tenían a su cargo la detención de figuras de aquella época. Además de la función de inteligencia, la Justicia quiere determinar si actuaron o no en los operativos de detención y si participaron de los interrogatorios que incluían sesiones de golpes y torturas. A la mayoría les imputan varios hechos. Los delitos en juego son privación ilegítima de la libertad agravada, asociación ilícita y tormentos agravados a dirigentes políticos, estudiantiles y sindicales de la provincia. Ninguno de esos ilícitos es excarcelable y si terminan siendo condenados tendrán que cumplir una pena de prisión en forma efectiva.
En el caso de Pereyra, según fuentes judiciales, luego de haber sido condenado por la Justicia local (ver aparte), recibió el beneficio de la prisión domiciliaria porque es mayor de 70 años y está enfermo. Estaba viviendo en el domicilio de un hijo, en Pocito, y luego de ser apresado fue llevado a la delegación local de la Policía Federal, en la calle Entre Ríos. Y en los próximos días comenzará a ser indagado por los delitos que le imputan.
Estos 10 exuniformados que ya están a disposición de la Justicia Federal no serán los únicos. Según fuentes vinculadas al caso, bajo la lupa hay unos 45 más que podrían correr la misma suerte, todos por haber estado vinculados al área de Inteligencia de la Policía local. Así las cosas, entre los que ya están detenidos, que son 10, más los otros 45, los exuniformados en la mira judicial ascienden a cerca de 55. De las actuaciones de la Justicia Federal surgió primero que los sospechosos por los hechos que se intentan dilucidar eran más de 80, aunque luego se determinó que muchos de ellos fallecieron o, por razones de enfermedad, no están en condiciones de enfrentar una acusación judicial. Lo mismo se trata de un caso sin antecedentes, ya que nunca antes hubo en San Juan un solo proceso judicial que apunte contra tantos expolicías por los horrores de la dictadura que gobernó entre los años 1976 y 1983.
En toda esta investigación judicial hubo un hallazgo que fue clave. Se trata del archivo clasificado que se encontró en 2011 en la ex Cavic. En medio del primer megajuicio por delitos de lesa humanidad se dio con una oficina precintada que contenía las planillas con el registro de la actividad política, sindical y estudiantil de militantes y dirigentes que realizó el personal de la Dirección de Inteligencia de la Policía de San Juan. Y todo ese material fue preservado. Las fuentes señalaron que lo que incrimina a los exuniformados es que allí aparecen los nombres y las firmas de quienes llevaron a cabo esa tarea durante la última dictadura.