Por obra y gracia de la morosidad judicial, nunca se podrá determinar quién o quiénes fueron los responsables de que el sistema cloacal de Santa Lucía colapsara en 2003 y regara de desechos a gran parte del departamento. Ayer se supo que la causa penal que hay en trámite prescribió porque la Sala III demoró el proceso y pasó más tiempo del que permite la ley, por lo que ahora todo pasará a archivo y los implicados quedarán libres de culpa y cargo. Las miradas le apuntan al juez Héctor Fili, uno de los miembros de ese tribunal, que se tomó más de dos años para dictaminar en el expediente.

El caso vuelve a empañar la tarea de la Justicia sanjuanina y constituye un verdadero escándalo. No sólo porque al cabo de 7 años no hay resolución, sino porque se comprobó que la rotura fue a raíz de las deficiencias que se detectaron en la obra -problemas de compactación de suelo, sobre todo-, causó un desastre ambiental y le trajo al Estado provincial un perjuicio de unos 5 millones de pesos por tener que hacerse cargo de la reparación.

La situación generó tal caos, que el Gobierno aliancista presentó en 2003 una denuncia penal que se sumó a una que había hecho Daniel Illanes, un vecino del departamento, y se tramitaron en el Cuarto Juzgado de Instrucción, a cargo de José Atenágoras Vega. El juez empezó las indagatorias en septiembre de 2004 y terminó procesando a 13 personas por el delito de estafa agravada, entre ellos inspectores de OSSE y Vialidad y los propietarios de las empresas EMCO y Edivial que hicieron la obra apenas seis años antes.

Los abogados de los imputados apelaron y ahí empezaron los problemas. La Sala III tardó más de tres años en revocar el procesamiento de diez de los implicados y en confirmar los de otros tres (Ver Los implicados) y eso fue determinante para que la causa prescribiera, lo que significa que el Estado perdió el derecho de imponerle una pena a los eventuales responsables.

La prescripción operaba a los 6 años a contar desde las indagatorias, porque esa es la pena máxima de prisión del delito de estafa agravada. La Sala III emitió su dictamen final recién en junio de este año -habían pasado 2 años y 9 meses-, unos de los abogados defensores planteó la prescripción en la Corte de Justicia y ahí se terminaron de consumir los 3 meses que restaban hasta septiembre para que venciera el término (Ver Los plazos…). Si los magistrados actuaban con tiempo, el caso se podría haber elevado a juicio y con esa medida, se interrumpían los plazos.

Oficialmente la prescripción no ha sido declarada, pero el Máximo Tribunal ya le dijo a la Sala III que se va a tener que expedir sobre el tema. Y en Tribunales es un secreto a voces que no le queda otra que hacerlo, porque los plazos están vencidos.

El que ahora está en el ojo de la tormenta es Fili. Su compañero Ricardo Conte Grand se tomó 8 meses en resolver y él nada menos que 2 años y 4 meses y lo hizo recién cuando un abogado defensor le interpuso en pronto despacho. Mientras que Eugenio Barbera, el otro camarista, adhirió al voto de Fili en apenas un día.

La demora de Fili es equivalente a más de los dos tercios del plazo que había para elevar la causa a juicio. Y no es la primera vez. En Tribunales recuerdan que hace algo más de una década pecó de moroso y, pedido de juicio político mediante, la Corte de Justicia lo sancionó con 30 días de suspensión.