La dureza de las historias, literalmente hablando, pone la piel de gallina. El requerimiento fiscal de la causa contra 86 expolicías por nuevos hechos ocurridos en su mayoría en la etapa previa al golpe militar de 1976, revela secretos horrorosos y escalofriantes que las víctimas o sus familiares denunciaron. El Ministerio Fiscal pidió que los involucrados sean detenidos e indagados y ya hay algunos tras les rejas, aunque no todos terminarán en esa condición por razones de enfermedad o porque ya fallecieron.
En el pedido, que lleva las firmas de los fiscales Dante Vega, Francisco Maldonado y Katia Troncoso Muñoz (esta última ya dejó el cargo en la provincia), aparecen decenas de relatos, incluidos los de 3 mujeres que fueron violadas por sus captores y que, para proteger sus identidades, sólo figuran con sus iniciales (Ver página 9). También están las historias de 4 jóvenes que fueron detenidos por las fuerzas policiales y que hasta hoy están desaparecidos, porque nunca se pudo determinar qué fue de sus vidas.
En lo que cuentan las víctimas, la mayoría de los delitos se cometieron en la Central de Policía y eran comunes los golpes, la picana eléctrica y el submarino, que consistía en introducir a la persona, con las manos atadas a la espalda, en un tacho lleno de agua hasta hacerla casi desvanecer.
Hasta ahora hay 23 detenidos, al menos 6 de ellos con el beneficio de la prisión domiciliaria, y otro con pedido de captura, el excomisario Juan Carlos Turón. Los arrestos se realizaron en dos etapas. En la primera, entre 2011 y 2012, fueron apresados José Hilarión Rodríguez, Cruz Alejandro Olmos, Rubén Arturo Ortega, Juan Carlos Torres, Darvin Vianor Mejías, Nicolás Damacio Manrique, Oscar Edmigdio Amidey y Juan Carlos Coronel. Y, en agosto, a partir siempre de órdenes del juez federal Leopoldo Rago Gallo, tuvieron lugar otros 15. Son los de José Eladio Escudero, César Raúl Oro, Carlos Antonio Saavedra, Juan Alberto Aballay, Pedro Eduardo Blanco, Miguel Ángel Mereles, Carlos Alberto Olha, Rodolfo Horacio Blanco, José Alberto Bazán, Alejandro +Pajarraco+ Pereyra, Pedro Máximo Robledo, Pedro Luis García, Armando Wilfredo Steiner, Federico Román Retamar y Carlos Faustino Alvarez.
El que figura con pedido de captura, pero todavía el juez no lo llevó a la práctica, es Enrique Graci Susini, quien fuera el jefe de la Policía de San Juan durante el gobierno de don Eloy Camus, de 1973 a 1976.
Según fuentes judiciales, se estima que de los 86 sospechados, entre 45 y 50 serán finalmente detenidos en forma paulatina, porque entre el resto hay varios fallecidos y otros que, por razones de enfermedad, no están en condiciones de ir a una prisión. Hasta tanto se produzca su arresto, se mantiene sus nombres en reserva.
De los detenidos hasta ahora, Rodríguez es el que figura con más imputaciones. Se trata de 34 hechos de privación de la libertad agravada, 6 por homicidio agravado por la alevosía y 38 por tormentos agravados, entre los que cuentan, por ejemplo, la desaparición de Marie Anne Erize.
La mayor parte de los detenidos está acusado de integrar la llamada +comunidad informativa+, un espacio en el que los miembros de las secciones de inteligencia de distintas fuerzas, entren ellas la Policía de San Juan, intercambiaban información sobre militantes políticos, gremiales y estudiantiles que luego se convertían en +blancos+ para ser secuestrados y torturados. Los hechos habrían ocurrido no sólo durante la dictadura, sino también en los meses previos al golpe del 24 de marzo.
El requerimiento fiscal señala que la Policía de San Juan, y en particular el Area de Inteligencia, conocida como el D-2, participó en muchos de los operativos de secuestro de personas con posterioridad al golpe, según está acreditado en las diversas causas de la Ley 20.840 que se tramitaron ante la Justicia Federal por aquellos años, y en las propias constancias de sus archivos. En ese sentido fue clave el hallazgo del archivo de la fuerza en diciembre de 2011, apenas un mes después de iniciado el megajuicio por delitos de lesa humanidad. Contenía información correspondiente al período que va desde mediados de los "50 hasta el 2000. Había legajos con los nombres de las víctimas, y detalles de las fuerzas de seguridad que participaron en su detención.
La documentación revela que la Policía realizó las tareas de inteligencia previa de los detenidos, y en diversos casos participó en que los allanamientos que dieron resultado negativo, dado que algunos lograron huir. Con posterioridad, el despliegue del aparato de inteligencia los detectó y permitió su secuestro y en muchos casos hasta su desaparición.