Sospechado de haber detenido y sometido a torturas a dirigentes políticos y estudiantiles de la provincia antes y durante la última dictadura, la Justicia Federal libró una orden de detención contra el excomisario Juan Carlos Turón. El exuniformado tuvo un fuerte protagonismo en la protesta policial que tuvo lugar en diciembre pasado, cuando efectivos de la Policía de San Juan reclamaron una mejora salarial. Ahora lo están buscando, pero no lo pueden encontrar. Mientras tanto, sus abogados defensores pidieron la eximición de prisión para que, en el caso de que decidiera presentarse, no quede preso.
El excomisario, que también es abogado, es una figura que alcanzó un alto grado de atención en diciembre del año pasado, cuando fue mediador entre el Gobierno y los policías que reclamaban una mejora salarial, que terminaron obteniendo.
El pedido de detención contra Turón, ordenado por el juez federal Leopoldo Rago Gallo la semana pasada, se inscribe en la causa por delitos de lesa humanidad que complica a expolicías sanjuaninos, la mayoría con participación en el área de inteligencia de la Fuerza, que actuaron en la década de los ‘70.
La función de esta oficina, conocida como el D-2, era realizar tareas de inteligencia de la actividad que llevaban adelante los dirigentes políticos y sindicales, vinculados en su mayoría a la organización Montoneros. La presunción es que hicieron rastreos y colaboraron en la detención y luego en las sesiones de interrogatorio, que incluían golpes y torturas a los detenidos. Según fuentes judiciales, a Turón le imputan haber tenido participación en 8 hechos de privación ilegítima de la libertad agravada y tormentos agravados. Ninguno de estos ilícitos es excarcelable y si terminara siendo condenado tendrá que cumplir una pena de prisión en forma efectiva.
Enterado de que lo estaban buscando, a través de sus abogados defensores, Gerardo Fernández Collado y Rolando Lozano, Turón hizo un pedido de eximición de prisión, aunque es muy difícil que prospere porque en todos los casos de los exuniformados buscados, fueron detenidos.
Hasta ahora suman 15 los detenidos (ver aparte), pero no son los únicos. Se calcula que hay, al menos, otros 40 exuniformados en la mira de la Justicia Federal, que podrían seguir la misma suerte. De las actuaciones judiciales surgió primero que los sospechosos eran más de 80, aunque luego se determinó que muchos fallecieron o padecen enfermedades que los hacen inimputables. El otro tema que hace que las detenciones se hagan en forma progresiva es que no hay lugar en el Penal para alojarlos.