El diputado colombista Juan Sansó presentó ayer en la Fiscalía Correccional de turno una denuncia penal para que se investigue la conducta del ministro de Infraestructura, José Strada, y del interventor en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Martín Juncosa. La sospecha es que en la adjudicación del Barrio Estado de Israel, en Rawson, de 43 unidades, entregado en agosto del año pasado, aparecen varios parientes de funcionarios públicos así como también casos de hermanos beneficiados con casas. El delito a investigar es el incumplimiento de deberes de funcionario público, que es excarcelable.
Según en legislador, no se habría respetado la normativa vigente, que establece que para recibir una casa hay que tener un puntaje que se elabora en base a parámetros tales como cantidad de integrantes del grupo familiar, hacinamiento y cuando haya igualdad de puntos deberá haber un sorteo.
La denuncia expresa que “la concentración de familiares de altos funcionarios entre los adjudicatarios de las viviendas implica haber beneficiado a grupos de familiares en detrimento de otros ciudadanos que buscan el beneficio de ser adjudicatario de una vivienda del IPV”. Y agrega que “esta actitud implicaría un abuso al carácter de la función pública que ejercen, para obtener un beneficio a quienes no les correspondería”.
“Estamos, al menos, ante un caso de tráfico de influencias”, dijo Sansó, quien fue patrocinado por el abogado Mariano Domínguez. Y dijo que lo hizo cuando agotó otras vías y no obtuvo respuestas.