El informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reveló que el exdiputado Javier Ruiz adquirió el 1 de diciembre de 2016 cerca de 4,8 millones de pesos en títulos y acciones. Fue a casi un año de que dejara su banca en la Legislatura, en la que estuvo por ocho años. Después de ese cargo, regresó a su puesto como fiscal de cuentas en el Tribunal de Cuentas, el cual actualmente ocupa. La información del organismo fiscal también dio cuenta de que tiene un plazo fijo de alrededor de 3 millones de pesos, más cinco inmuebles, revelaron fuentes calificadas. La documentación ya está en poder del juez Martín Heredia Zaldo, quien está investigando al exlegislador por su supuesta actuación como prestamista privado, de cometer usura, defraudación y adulterar y usar un documento falso en perjuicio de una comerciante. El magistrado viene reuniendo distintos elementos en esa causa central y ahora sumó uno que, de mínima, llama la atención, por lo que dicho patrimonio se encuentra bajo la lupa.

De acuerdo a las fuentes, el magistrado del Cuarto Juzgado de Instrucción le pidió a la AFIP que fiscalice, sobre todo, el ítem que hace referencia de manera general a títulos y acciones por 4.796.250 pesos. Esto es, que verifique el origen de dichos fondos, cómo los obtuvo y bajo qué conceptos. Si el órgano recaudador encontrara inconsistencias o Ruiz no pudiera justificar el monto, se abriría la puerta para que Heredia Zaldo investigue un presunto enriquecimiento ilícito, reconocieron las fuentes. No obstante, agregaron que se trata de la hipótesis de máxima, ya que el exdiputado tiene declarada la suma ante el fisco nacional dentro del rubro Bienes Personales y ante el requerimiento puede justificar y presentar toda la documentación para acreditar su origen legal.

Dentro de sus bienes además figura un depósito de 2.945.396 pesos, cinco inmuebles y dos vehículos. Todo se encuentra bajo la mira judicial, destacaron las fuentes.

La investigación se disparó en octubre, tras la denuncia de la comerciante María Natalia Alaniz. Y bajo la lupa no sólo quedó el exdiputado sino también su hermano, Guillermo Ruiz Álvarez, quien en ese entonces era el titular de la Caja de Acción Social, el organismo que le presta plata a los estatales. Por el escándalo, el gobernador Sergio Uñac echó a este último, mientras que Javier Ruiz sigue en funciones dado que depende del Tribunal de Cuentas y en este organismo de la Constitución, sus autoridades deben esperar el dictado del procesamiento o pedido de prisión preventiva para separarlo.

De acuerdo a la denuncia, Alaniz le había pedido plata a un viejo conocido, Renzo Tinto, y como garantía le entregó dos cheques: uno por 52 mil y otro por 40 mil pesos. La mujer declaró que sobrepasó el pago de los préstamos informales y que encima le ejecutaron los cheques. Tras preguntarle insistentemente a Tinto quién tenía los documentos, este le confesó que Guillermo y Javier Ruiz Álvarez. Fue así que concertó una cita con el titular de la Caja de Acción Social en su estudio particular, a la que acudió con una cámara oculta y al ingresar, justo registró que salía Tinto, quien le dijo a un custodio "dejala pasar que lo viene a ver al Guille". Por otro lado, según el expediente, los hermanos lograron en 2016 la ejecución del cheque por 52.670 pesos de la cuenta de Alaniz. El otro documento, de 40 mil pesos, fue ejecutado por Tinto y Guillermo Ruiz. De acuerdo a la denuncia, el mismo se adulteró para poder cobrarlo hasta 2017.

La fiscal Ana Lía Larrea fue quien realizó el requerimiento de instrucción.