Defensa. Amín resaltó que él mismo redactó en diciembre su pedido de desafuero, pero que no se avanzó porque el mecanismo lo debe realizar la Cámara. Además remarcó que siempre estuvo a derecho y a disposición de la Justicia.

El diputado justicialista Alfredo Amín votó ayer, al igual que el resto de los 32 colegas presentes, para que le quiten sus fueros. Así, entró en vigencia la suspensión de sus funciones y quedó a disposición del juez federal Leopoldo Rago Gallo, quien lo indagará en una causa por fraude contra la administración pública nacional. La sospecha es que fue parte de una maniobra de sobreprecios en la venta de mercaderías al Escuadrón 26 de Barreal y al Centro de Formación de aspirantes Felix Manifior en 2013. Ante la posibilidad de ser procesado, el legislador le metió presión a sus compañeros para regresar. "Proceso no es sentencia condenatoria", destacó en el marco de que lo que hay hasta ahora es una presunción en su contra. "Guarda con los precedentes que vamos a dejar sentados, mañana cualquiera puede pasar por esta situación", agregó. Y remató con una frase hacia la bancada oficialista, la mayoritaria: "Tengo el apoyo de mi bloque y entiendo que lo voy a tener para cuando tenga que volver a esta Cámara".

Es la primera vez desde la reforma de la Constitución de 1986, cuando se instrumentó el desafuero, que se lleva a cabo el procedimiento contra un diputado. Y el texto habla de la suspensión y de que el implicado queda a disposición del juez para su juzgamiento, pero nada dice de los plazos ni de una reincorporación ante los diferentes resultados de la investigación. Por eso las dudas y las posiciones divididas que reflejó este medio entre los presidentes de los bloques de la oposición y de los socios del oficialismo sobre la continuidad de la suspensión ante un eventual procesamiento. Sólo el titular de la bancada oficialista, Pablo García Nieto, había dicho que no iba a hablar de hipótesis. El presidente de la Cámara, Marcelo Lima, explicó ayer que "de parte del juzgado debemos recibir lo que se resuelva" y que "va a ser materia de análisis por la Cámara, una vez que se expida el juez". Además, recordó que "no hay antecedentes, normativa al respecto y tampoco hay posición fijada".

Lo concreto es que, tras la votación unánime, Amín dejó su banca y dejará de percibir su sueldo. Según fuentes calificadas, el salario de un diputado gira en torno a los 83 mil pesos, sin los descuentos de ley. En el plano judicial, las fuentes habían indicado que Rago Gallo lo indagará antes de que termine el mes. El legislador es cogerente del Supermercado Don Pocholo y quedó en la mira por la supuesta sobrefacturación de casi 600 mil pesos de mercadería que se le vendió a Gendarmería en 2013 (Ver recuadro).

Previo al voto de desafuero, Amín dio un discurso de 40 minutos, en el que remarcó que no renunciará "por una cuestión de honor", hizo hincapié en el impacto que sufrió su familia luego de que salió a la luz la investigación y lanzó frases que sonaron a pases de factura. Como la "leyenda" de "viejos políticos" de que pudieron haber ingresado pedidos de desafueros a la Cámara y que nunca fueron tratados. En ese momento, Lima le informó que desde el advenimiento de la democracia, en 1983, a la fecha, la Legislatura "no ha tratado ninguna solicitud de desafuero pedido por un juez".

En cuanto el procesamiento que puede recibir y su postura para que aun así se levante su suspensión, destacó que la ley nacional de fueros "es más laxa. Hemos visto pasar por Comodoro Py a diputados, senadores, a nuestra compañera expresidente, de la misma manera que hay gente de la oposición". Por eso, dijo que "tenemos la obligación moral en ponernos a trabajar en una ley de desafuero que sea correcta, no privilegiada". Destacó como irónico que, pese a la causa judicial, puede ser proveedor del Estado nacional y hasta candidato. Les pidió a sus colegas que "no avasallemos los principios democráticos de representatividad de Calingasta, a la cual represento, que debe tener un micrófono y una banca". Y cerró con un "nos estamos viendo".

Posturas
 

Carlos Munisaga, Eduardo Castro y Gustavo Usín dijeron que Amín puede volver a su banca tras un procesamiento. Con matices, Jorge Espejo, César Aguilar, Sergio Miodowsky y Fernando Moya opinaron que no.

El expediente y los primeros resultados


La causa involucra a un grupo de proveedores y a dos exjefes de Gendarmería en Barreal, que habrían realizado maniobras de sobreprecios en la compra venta de mercaderías por un total de 6 millones de pesos. En ese marco figura el Supermercado Don Pocholo, en el que Amín es cogerente, con un presunto cobro en exceso por casi 600 mil pesos, según el expediente.

Los comerciantes Julio Posleman, de Distribuidora Posleman; Oscar Pastén, de Supermercado El Ángel; Pablo Riquelme, de El Triángulo; Juan Carlos Tapia, de Panadería Los Andes; Carlos Samat, de Distribuidora Libertador y Alberto Sosa, de Primer Supermercado Barreal, están procesados por fraude. El segundo comandante Jorge Castro, extitular del área que maneja las finanzas del Escuadrón 26, también está procesado por fraude, mientras que la situación del comandante principal Darío Barco, quien estuvo al frente del Centro Félix Manifior, aún no está resuelta.