El juez federal Norberto Oyarbide procesó ayer a Juan Antonio Rinaldi, el sucesor de Héctor Cappaciolli en la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), por los delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad y fraude contra la administración pública, por la llamada mafia de los medicamentos.

Si bien no trascendió la resolución, el juez Oyarbide procesó y dispuso un embargo de 5 millones de pesos para Rinaldi, por entender que había incurrido en las mismas irregularidades que su antecesor, ya procesado. También recibieron la misma sanción, por los mismos delitos Ana María Navas, otra funcionaria de la Administración de Programas Especiales, y le dictó un embargo de 400 mil pesos.

Si bien a la hora de declarar Rinaldi intento despegarse de las imputaciones por la "falta de control sobre las obras sociales", el juez hizo extensivo a Rinaldi su responsabilidad en supuesta la banda que habría intervenido en la "mafia\' y que permitió que, desde el Estado, se repartieran subsidios millonarios a distintas obras sociales sindicales.

Rinaldi fue abogado del gremio de Camioneros hasta que en el 2008 fue designado al frente de la SSS y se ganó la confianza de la entonces ministra de Salud Graciela Ocaña, una de las principales denunciantes una de las principales denunciantes de las irregularidades en el manejo de fondos de la Administración.

Esos fondos servían para solventar los costos de tratamientos a enfermos graves de las obras sociales, pero se presentaban expedientes de pacientes inexistentes solo para cobrar esos reintegros.

Según se informó, el juez también dictó procesamientos de otra docena de personas que había sido detenidas en el marco de esta megacausa, por la que -desde hace un año- permanecen tras las rejas el titular de la Bancaria Juan José Zanola y el dueño de la droguería San Javier Néstor Lorenzo.

Además fueron procesados la jefa de enfermeras de OSBA Ana María Kapfer; el farmacéutico de la OSBA Carlos Alberto Bonanno; la directora técnica de esa farmacia Sandra Allegrino y el director médico del Policlínico Bancario, Héctor Ricardo Chiavaroli, por los delitos de asociación ilícita y entrega de medicamentos adulterados.

Por otro lado, Oyarbide dictó procesamientos con prisión preventiva al empresario José Luis Salerno, un ex comisario relacionado con el triple crimen de General Rodríguez y el tráfico de efedrina, por considerarlo organizador de una asociación ilícita que distribuyó medicamentos peligrosos para la salud.