Finalmente, de acuerdo a lo que dijo el ministro de Gobierno, Adrián Cuevas, el proyecto de ley para eliminar los prostíbulos en la provincia será enviado esta semana a la Legislatura provincial. La iniciativa impone duros castigos y según se pudo saber, los que violen la prohibición serán sancionados con el arresto de hasta por 60 días y una multa de 3.000 pesos tanto a los dueños como a los clientes que concurran a este tipo de locales.

El tema, que se inscribe en la idea del Gobierno local de castigar la trata de personas -que es el delito en el cual se capta a mujeres de distintas edades, se las traslada dentro o fuera del país y se las oculta para someterlas a la explotación sexual u otros fines- está en los primeros lugares de la agenda del gobernador José Luis Gioja. Al punto que en su mensaje a los diputados durante la apertura del período ordinario de sesiones habló del tema.

La preocupación oficial viene después de que en abril del año pasado la Policía Federal investigara una organización que funcionaba en San Juan, Mendoza y San Luis con la explotación sexual de mujeres y que permitió detener a 24 sospechosos. Y se conoció después de que en Mendoza fueran rescatadas 3 mujeres sanjuaninas presuntas víctimas de la trata de personas (ver aparte).

La diputada oficialista Iris Romera, que trabajó en la redacción del proyecto y que fue la impulsora de la Ley Nro. 8319, que creó el Consejo de Prevención y Actuación contra la Trata de Personas, adelantó algunos aspectos de la iniciativa.

Entre otros puntos, dijo que quieren que quede prohibido la instalación y el funcionamiento de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boites, saunas o establecimientos similares. Y que las sanciones apuntan tanto a los que explotan estos locales como a los clientes, al igual que no se permitirá la explotación de la prostitución, hayan prestado o no las personas explotadas o prostituidas su consentimiento. Esto último es lo que se conoce como la trata de personas.

El arresto será de hasta por 60 días, según lo decida el juez que intervenga en la causa, que serán de cumplimiento efectivo y no podrán ser reemplazados, por ejemplo, por el cumplimiento de tareas comunitarias. También habrá una multa de 300 JUS, que son las unidades arancelarias que equivalen a 10 pesos cada una, es decir que suman 3.000 pesos.

Además, la norma contemplará que en caso de procedimientos con la intervención policial en estos locales, las personas que ejerzan la prostitución y que no puedan acreditar su identidad ni domicilio serán tenidas como víctimas de trata de personas. Y por eso serán asistidas por el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia.

Otro punto es la creación del Consejo Provincial de Lucha contra la Trata de Personas para dar asistencia a las víctimas del abuso sexual.