La puja entre el Foro de Abogados y la Corte de Justicia por el escándalo de las designaciones a dedo en Tribunales, se terminará resolviendo en un juicio ordinario. La entidad que nuclea a los matriculados había demandado al máximo tribunal por considerar que los nombramientos son nulos al no ajustarse a lo que dice la Constitución, la causa fue a mediación y como en esa instancia no se pusieron de acuerdo, el caso volverá ahora al fuero Contencioso Administrativo para que una jueza resuelva quién tiene razón.
La mediación se dio por terminada la semana pasada a pedido del Foro de Abogados, pero como el tema se manejó bajo cuatro llaves -aduciendo un acta de confidencialidad que habían firmado los que participaron de las audiencias-, la noticia recién se conoció ayer. La mediación es un mecanismo alternativo para evitar el desgaste procesal y, aunque en este caso había pocas chances de acuerdo por haber en juego intereses totalmente antagónicos, la causa fue mandada a esa instancia porque así lo establece el Código de Procedimiento Civil cuando el Estado es parte en un proceso judicial.
Fuentes calificadas aseguraron que las autoridades de la entidad profesional buscaban que los miembros del máximo tribunal -que son representados por la Fiscalía de Estado- dejaran sin efecto las 39 designaciones de familiares que hicieron sin concurso en septiembre del año pasado y que despertaron un fuerte rechazo social. Las audiencias fueron infructuosas. Los cortistas no mostraron voluntad de querer dar el brazo a torcer, le dieron instrucciones a los abogados de Fiscalía para que defendieran la legalidad de las designaciones y así fue. El debate judicial se disparó cuando, asamblea mediante, el Foro de Abogados decidió ir a la Justicia para intentar hacer caer los polémicos nombramientos. En la demanda, que va dirigida a la provincia porque la Corte no tiene personalidad jurídica, sostiene que las designaciones son nulas debido a que no se hicieron por concurso, como lo dice la Constitución, y que no están debidamente fundamentadas. Además, como agravante, denuncia que los que se vieron beneficiados son parientes de cortistas, jueces inferiores, fiscales y hasta de funcionarios de los otros Poderes.
Tras el fracaso de la mediación, la que deberá resolver el caso es la jueza María Josefina Nacif, al frente del único Juzgado Contencioso Administrativo que hay en la provincia. En primer término, deberá hacer correr el plazo para que los cortistas contesten los términos de la demanda, es decir que hagan su descargo. Luego, se abrirá un largo proceso con el aporte de pruebas, la formulación de los alegatos y la sentencia. Según las fuentes, podría llegar a durar más de un año.
Mientras tanto, en la Corte siguen sin querer hablar del tema. El presidente del tribunal, Juan Carlos Caballero Vidal, había dicho en medio del escándalo que las nombramientos son transitorios y que los nuevos empleados no pasarán a ser efectivos hasta que se concursen los cargos. Hoy, a seis meses y a pesar del unánime repudio social a los acomodos, no hay novedades sobre un llamado a concurso para cubrir las vacantes que se invocaron en la acordada de septiembre.
El tema hasta generó quiebres en el Foro de Abogados. El vicepresidente de la entidad, Conrado Suárez, tildó al presidente, Isidro Díaz, de no tener suficiente actitud para ir contra la Corte. Hace poco, Suárez fue suspendido en el cargo por otro tema, pero él insiste en que la raíz de la cuestión es que su permanencia en la institución se ha convertido en una molestia para su ex compañero de conducción y los miembros del máximo tribunal.