Para el titular de la cartera de Seguridad de la Nación, Arturo Puricelli, mientras en los últimos 10 años la economía de San Juan creció un 150 por ciento, además de mencionar el aumento poblacional, los delitos contra la propiedad y las personas se mantuvieron “sin variaciones”. Según el kirchnerista, que es el primer Ministro que viene en medio de la campaña para los comicios de octubre, esos números muestran “la eficiencia de las políticas de seguridad de la provincia”.
El funcionario nacional llegó ayer para firmar con el gobernador José Luis Gioja la adhesión de San Juan al Programa Federal de Colaboración y Asistencia para la Seguridad (ver aparte). Y aprovechó para ensayar una encendida defensa de las políticas implementadas por la administración K para combatir el delito. Fue en ese contexto que se refirió a los delitos contra la propiedad, entre los que están comprendidos el robo, en el que interviene la violencia, el hurto y la estafa. Y entre los delitos contra las personas se encuentran el homicidio, lesiones y el aborto.
Siguiendo con su análisis sobre la situación local, sostuvo que “San Juan tiene muy buenos números y si bien no es de las provincias que tengan más agentes de Policía por habitante, está en un promedio de 1 agente cada 200 personas, pero de todos modos tiene buenos índices de seguridad en sintonía con las políticas nacionales”.
En el diálogo con la prensa, también se refirió a las líneas de acción aplicadas en los últimos 10 años y citó cifras que revelan un fuerte crecimiento de la inversión. Por ejemplo, dijo que mientras en el 2003 se aplicaba para la seguridad un presupuesto de 2.960 millones de pesos, este año la partida a ejecutarse será de 25.900 millones de pesos. Además, mencionó que mientras en el mismo período las fuerzas de seguridad, como Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria, tenían 60.000 efectivos, en una década pasaron a 105.000 agentes.
Sobre la fuga de los represores, Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, expresó que “estamos haciendo lo posible para encontrarlos y esperamos hacerlo. Por otro lado, tanto en el Ministerio de Defensa como en el de Seguridad hemos firmado resoluciones que llevan a garantizar la atención sanitaria de aquellos que están privados de la libertad o condenados por delitos de lesa humanidad”.
“No queremos que se aprovechen de nuestras capacidades para brindar salud a las fuerzas de seguridad y busquen un camino para evadirse”, agregó.
También se refirió a otra fugas, como la del Penal de Ezeiza, al manifestar que “obedeció a que hubo una negligencia muy importante y no se descarta colaboración de alguna fuerza que tenía responsabilidad en su vigilancia”.