La investigación de la obra pública giojista que está encarando una comisión especial de la Cámara de Diputados viene demorada, lo que ha desatado quejas de la oposición. Los legisladores del basualdismo y el bloquismo explicaron que el Ministerio de Infraestructura no envía documentación clave para avanzar con la auditoría. En el caso de la ruta 150 y del Teatro del Bicentenario aseguraron que no ha llegado ningún expediente y que han reiterado en tres oportunidades el pedido del material y hasta el momento no tienen noticias sobre cuándo lo van a recibir, por lo que tampoco saben cuánto tiempo va a demorar el análisis. En cuanto a la obra del Centro Cívico han recibido parte de la información, mientras que en los diques Caracoles y Punta Negra, la empresa estatal EPSE ha mandado los documentos.

Según recordó el diputado de Dignidad Ciudadana, Fernando Moya, secretario de la comisión, desde la cartera que encara la obra pública local le indicaron que en el caso de la Ruta 150, el retraso se debe a que muchos de los documentos solicitados están en manos de Vialidad Nacional, conducida por el dirigente de Cambiemos Sergio Aldunate, ya que se trató de una obra ejecutada bajo esa jurisdicción. Por el lado del teatro, señaló que el edificio no cuenta con un final de obra, por lo que los expedientes todavía están en manos de la empresa que desarrolló las tareas. Moya indicó que las autoridades han ofrecido la entrega de copias certificadas de los papeles, algo que fue aceptado, pero que hasta el momento no se ha concretado.

Por otro lado, el legislador integrante del interbloque opositor, César Aguilar, manifestó que "si bien la Ruta 150 es de Vialidad Nacional, sabemos que hay tramos que fueron licitados, adjudicados y pagados por la provincia. Así que nos interesa ver ese tipo de documentación". Además, aclaró que en los expedientes del Centro Cívico "faltan unas 800 fojas donde debe estar contenido el proceso de licitación, la adjudicación y el contrato de inicio de obra, en el que figure el monto inicial de los trabajos. Expedientes clave para el estudio que estamos realizando". La basualdista Susana Laciar, presidente de la comisión, fue enfática en la queja y la demora al indicar que "hemos intimado en dos y hasta tres oportunidades para que nos envíen la documentación porque queremos que llegue el material para agilizar el estudio".

El apuro de los legisladores se debe a que la comisión evaluadora de la obra pública local ejecutada entre 2003 y 2016 tiene un plazo. El cuerpo fue creado en noviembre de 2017 y tiene una duración de un año. Además, la preocupación está apoyada en la cantidad de papeles a analizar. Un ejemplo de esto, según dijo Moya, es que las carpetas del Centro Cívico están contenidas en 21 cajas que "ocupan una habitación" del despacho de Laciar. La comisión investigadora nació luego de que el año pasado el exministro de Planificación Julio De Vido, pusiera en duda esas obras ejecutadas en la era giojista. Lo hizo a través de una carta escrita desde la cárcel.