Buenos Aires, 17 de abril.- Los querellantes en la causa por las cinco muertes registradas en esta Capital en la represión policial durante la jornada que culminó con la renuncia del ex presidente Fernando de la Rúa, también apelaron el sobreseimiento del ex Jefe del Estado, tal como lo había hecho días atrás el fiscal Luis Comparatore.
En esta oportunidad el letrado Rodolfo Yanzón requirió que la Cámara Federal revoque el sobreseimiento dictado por el juez federal Claudio Bonadío el 7 de abril último, al sostener que a De la Rúa "le cabe una responsabilidad omisiva, al menos a título de negligencia, respecto de la total ausencia de órdenes y controles sobre el empleo de la violencia estatal desatada por agentes policiales".
Mediante un recurso de apelación, al que Télam tuvo acceso, el letrado afirmó que debe recobrar vigencia el procesamiento que había dictado Bonadío y fue revocado por la Cámara Federal que dispuso una serie de medidas, tras las cuales el magistrado desvinculó a De la Rúa.
"El dispositivo policial implantado durante los días 19 y 20 de diciembre de 2001, con posterioridad al dictado del estado de sitio, fue de carácter extraordinario y tuvo como objetivo proteger la casa de Gobierno, otros edificios públicos y las zonas circundantes", recordó Yanzón.
En esa línea de análisis sostuvo que el operativo "implicó el empleo masivo de la fuerza pública -violencia, incluso mediando utilización de armas de fuego- que se llevó a cabo sin controles, incrementando el riesgo sobre la vida, la integridad física y los bienes de las personas".
De la Rúa "se desentendió totalmente de lo que sucedía en las calles de la ciudad y de la suerte que corrían miles de personas que se habían convocado a manifestarse en la zona céntrica. Ese desentendimiento y la consiguiente falta de controles desencadenó en los hechos luctuosos posteriormente conocidos", sostuvo el querellante.
"Consideramos que el auto de sobreseimiento debe ser revocado y dictarse procesamiento respecto de De la Rúa, dado que le cabe una responsabilidad omisiva, al menos a título de negligencia, respecto de la total ausencia de órdenes y controles sobre el empleo de la violencia estatal desatada por agentes policiales", concluyó.