Los festejos por el Bicentenario de la independencia de Chile aparecían como una gran oportunidad para aceitar las relaciones bilaterales con el gobierno de derecha de Chile tras cuatro años de acercamiento histórico plasmado en la segunda parte de la era K con la presidenta trasandina, Michelle Bachelet. Pero, inesperadamente un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, que abría la puerta para la extradición a Chile del ex guerrillero Galvarino Sergio Apablaza Guerra que vive en Argentina desde 2003, puso al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en la disyuntiva de avalar la resolución de la Justicia como pide el Gobierno de Sebastián Piñera o conceder refugio, como piden las entidades defensoras de los derechos humanos de Argentina, al ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Esto último supondría un importante escollo para la integración política que ya tiene consecuencias: Cristina estará este sábado en los actos centrales de los festejos del Bicentenario de Chile pero no se reunirá con su par trasandino, Sebastián Piñera.
¿Quién es el hombre que amenaza con abrir un foco de tensión entre Buenos Aires y Santiago?
Conocido como comandante Salvador, Sergio Apablaza Guerra llegó al país huyendo de la Justicia chilena en principios de 2003 acusado ser el autor intelectual del asesinato en 1991 de ex senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Jaime Guzmán, considerado "el heredero" de Augusto Pinochet; y el secuestro de Christina Edwards del Río, una empresaria vinculada al popular diario El Mercurio.
En noviembre de 2004 fue detenido y tras ocho meses salió libre por un fallo del juez federal Claudio Bonadío rechazó un pedido de la Justicia chilena, que reclamaba su extradición. El magistrado argentino argumentó que no estaban dadas las condiciones políticas en Chile para su juzgamiento. En este tiempo gobernaba Chile Patricio Aylwin y Pinochet continuaba siendo jefe del Ejército.
El gobierno de Chile apeló la sentencia y el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia. El procurador general de la Nación, Esteban Righi, dictaminó que Apablaza Guerra debía ser extraditado.
Mientras tramitaba la causa, Apablaza Guerra había pedido al Gobierno argentino que se lo considerara un refugiado político, cuestión que aún no se resolvió y que volvió a ser objeto de estudio en estos días. Por este motivo, la Corte Suprema decidió dejar en suspenso su fallo a favor de la extradición hasta se expida el Comité Nacional para Refugiados, un organismo que depende del Poder Ejecutivo, que es en definitiva el que debe decidir si asila o no al ex líder del FPMR.
Pero la compleja trama política no termina ahí: la esposa del ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Paula Chahín Ananía, trabaja desde 2005 como traductora dentro de la Casa Rosada, a metros del despacho de la presidenta Cristina Fernández.
Este ex guerrillero admite que el limbo jurídico en el que se encuentra hoy no le permite tener una vida normal, la que recuperó luego de 30 años de clandestinidad.
En mayo de 1974 Apablaza Guerra era un dirigente estudiantil del Partido Comunista cuando fue detenido por la policía secreta chilena, la DINA que dirigía, el temido Manuel Contreras.
Pasó un año y medio desaparecido, fue torturado y expulsado del país. Tras unos meses en Panamá se radicó en Cuba, donde encabezó el contingente internacional que combatió en el Frente Sur, durante la guerra de liberación de Nicaragua. Fue entonces que lo bautizaron Comandante Salvador. Luego ingresó en forma clandestina a Chile para integrar la conducción del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
"No puedo pensar en mañana, no me puedo mover más allá de 70 Km sin pedir permiso. No tengo documentos, sólo un permiso precario que me da el Comité para Refugiados cada tres meses. El hecho de recuperar mi identidad luego de 30 años ante mis hijos y mi familia es grandioso, pero es insuficiente para llevar una vida normal", decía Apablaza Guerra en 2007, durante el último reportaje que concedió a un matutino porteño.