La intención de los miembros del Tribunal Oral Federal, que lleva adelante el megajuicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia durante la dictadura militar, es terminar con las testimoniales en abril y dictar sentencia en mayo, según dijeron ayer fuentes judiciales.
El propósito de apurar el proceso es porque la intención en la Justicia Federal es comenzar otro proceso por nuevos hechos que ha seguido investigando el juez federal Leopoldo Rago Gallo, pero las audiencias no podrán comenzar hasta que concluya el megajuicio en marcha. De todos modos, hasta el momento no ha llegado ante el Tribunal ningún otro juicio.
Para llegar a la sentencia, primero vendrán los alegatos de la Fiscalía, la Querella y de la Defensa, que pueden llegar a insumir incluso varios días por la complejidad de las causas en análisis, que son 4, Carvajal, Camus, Erize y Bustos.
Tras la feria judicial, la actividad fue retomada el martes 5 y ayer hubo otra jornada de audiencias (ver aparte), que son presididas por un cuerpo integrado por los jueces Alejandro Piña y Héctor Cortés, ambos de Mendoza, y por el puntano Raúl Fourcade. El problema es que los magistrados también tienen que atender causas en sus provincias de origen y eso dificulta el trámite. Precisamente en las causas que se están tratando en este megajuicio no hay ningún sanjuanino porque se excusaron de participar por haber intervenido en etapas judiciales previas.
Para acelerar el proceso y cuando en la lista oficial de testigos calculan que todavía quedan 200 personas por prestar su declaración, desde el año pasado ya vienen trabajando en reducir la lista. Otra forma de acortar los tiempo es que haya varias audiencias por semana. Por lo pronto, después del feriado de carnaval de lunes y martes de la semana próxima, habrá una nueva audiencia el miércoles 13.
Los acusados son Jorge Olivera, Osvaldo Martel, Daniel Rolando Gómez, Horacio Julio Nieto, Alejandro Lazo, Gustavo De Marchi y Juan Francisco Del Torchio. Éste fue el último militar retirado en ser incorporado al proceso. De todos modos, hay otro militar retirado que fue detenido en diciembre, Eduardo Daniel Cardozo, pero ni la Fiscalía ni la Querella han pedido que sea incorporado al juicio por lo avanzado del trámite.
Los delitos que se analizan son, entre los principales, privación ilegítima de la libertad, asociación ilícita, tormentos agravados y desaparición de personas. Se trata de cuestiones que podrían recibir condenas de prisión o reclusión de 8 a 25 años y de inhabilitación perpetua.