Los abogados querellantes, que representan a las víctimas de los delitos de lesa humanidad, pedirán el máximo de la pena al menos para 3 de los 7 acusados del megajuicio en la etapa de los alegatos que comenzará hoy, a partir de las 9, en la sede del Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan, según adelantó ayer la abogada Margarita Camus. En la práctica significa que Jorge Olivera, Osvaldo Martel y Horacio Nieto, imputados de los delitos de homicidio agravado y de privación ilegítima de la libertad seguida de muerte, en el caso de ser encontrados culpables por los miembros del Tribunal Oral Federal, podrían ser condenados a un máximo de 25 años de prisión. Esa es la sanción mayor que contemplaba el viejo Código Penal, que es el que aplicará en este proceso por haber estado vigente al momento en el que se habrían producido los hechos.
Como se trataría de la primera condena que reciben los acusados, y de guardar por ejemplo buena conducta, podrían obtener la libertad a los 20 años, según dijeron fuentes judiciales. Pero como también están acusados en otros procesos en marcha y podrían recibir nuevas condenas, no podrían llegar a recuperar en ningún momento la libertad.
Finalizadas las declaraciones testimoniales después de que el megajuicio comenzara el 7 de noviembre del 2011, el proceso ingresó en la etapa de los alegatos, en el que las 3 partes, Querella, Fiscalía y Defensa, fundamentarán sus posiciones. El primer turno es para los abogados querellantes Margarita Camus, quien también fue víctima de privación ilegítima de la libertad y de tormentos, Fernando Castro y Roberto Scherbosky. Y como se contempla que la fundamentación será larga, incluso puede llegar a insumir más de una jornada.
Los acusados son 7, Gustavo De Marchi, Francisco Del Torchio, Alejandro Lazo, Daniel Gómez, Olivera, Martel y Nieto, pero los 3 últimos son los más complicados. Es porque Olivera y Nieto están imputados de privación ilegítima de la libertad por el caso de la joven María Ana Erize (ver aparte), que desapareció el 15 de octubre de 1976 y del homicidio de Daniel Russo, por parte de un grupo de tareas integrado por militares y policías. En la causa de la muerte de Alberto Carvajal, cuyo deceso se produjo por las torturas sufridas cuando estaba detenido en el Penal de Chimbas, que sería otro caso de homicidio agravado, están acusados Olivera y Martel. Por eso es que estos 3 podrían llegar a recibir las mayores sanciones.
El resto está imputado en las causas Camus y Bustos. La primera es la que involucra a la jueza Camus, nieta del exgobernador Eloy Camus, quien fue detenida y torturada en el Penal de Chimbas. La otra causa es la que tiene acumulados las torturas y apremios ilegales a una serie de funcionarios, como el gobernador José Luis Gioja y el cortista José Soria Vega.
Durante el desarrollo del proceso fue fundamental como elemento de prueba un archivo que la Policía de San Juan tenía celosamente guardado desde la época del golpe militar, en el que constaban las planillas con el registro de la actividad política, sindical y estudiantil de la dirigencia de aquella época. En esos documentos constan, por ejemplo, los operativos que hacían los efectivos del Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) 22 de detención de personas durante la dictadura militar. Y aparecen, entre otros, los nombres y las firmas de la mayoría de los acusados en el llamado megajuicio. El archivo era manejado por el llamado D2, que es el área de inteligencia de la fuerza.
Desde sus comienzos, el proceso se vislumbró como complicado, porque tiene 60 víctimas, 2 de ellas desaparecidas, que son la joven Erize y el rector Juan Carlos Cámpora. El único asesinato que se investigó fue el del joven Russo, que era compañero de militancia de Erize en la Agrupación Montoneros. Y que murió por las heridas de bala sufridas durante su detención en un operativo en Trinidad.