Por estos días, pero hace 5 años, las causas penales por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar en San Juan se ponían en marcha de nuevo. El 3 de septiembre de 2006 se conoció que el juez Federal Leopoldo Rago Gallo empezaba a instruir siete procesos que estuvieron congelados por 20 años en la Cámara Federal de Mendoza. Se trataba de casos de los desaparecidos Marie Anne Erize, Alberto Carvajal, Marcelo Rodríguez, Roberto Guilbert, Francisco Escamez, Luis María Blardone y Juan Carlos Cámpora.
La causas de desaparecidos luego del Golpe Militar de 1976 estuvieron paradas en todo el país hasta junio de 2005, cuando un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales las llamadas "leyes del perdón": Obediencia Debida y Punto Final.
La Ley de Obediencia Debida liberó de responsabilidades a los represores de menor rango, en tanto que la de Punto Final impidió la presentación de nuevas denuncias vinculadas a violaciones durante la dictadura.
En San Juan, Rago Gallo, ya había tomado algunas declaraciones testimoniales, había pendientes ruedas de reconocimiento de personas y eran inminentes las indagatorias de algunos sospechosos que podían quedar detenidos. La noticia despertó alegría entre familiares de las víctimas. Margarita Camus, que fue víctima de torturas y tormentos y hoy es jueza de Ejecución, recordó ayer cómo vivió la noticia de la reactivación de las causas: "Me alegré, fue una sensación de alegría, porque después de tantos años logramos que se empezara a juzgar a los represores".
Las causas por desaparecidos eran las únicas que en ese entonces se tenían que tramitar en San Juan. Pero con los años, se generaron muchos más por expedientes tramitados durante aquellos años por casos de Habeas Corpus, denuncias por privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales.
La fecha cobra actualidad justo un par de días del comienzo del primer juicio oral y público que se hará en San Juan por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último régimen militar. Mañana, en la sede del Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) se llevará a cabo la primera audiencia de un caso de apropiación ilegal de un bebé de desaparecidos. Los acusados son Luis Alberto Tejada, un ex militar, y Raquel Josefina Quinteros, ama de casa.

