Un grupo de docentes de la extinta Escuela de Policía recibió un revés judicial en su reclamo indemnizatorio contra el Estado por el cese de sus funciones tras el cierre de la institución. En ese lote hay cinco uniformados y un civil que prestaban tareas aun cuando estaban jubilados, por lo que sostienen que ese desempeño educativo constituía un segundo empleo y, por lo tanto, susceptible de resarcimiento económico. La jueza Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo, consideró que tal reparación no les corresponde. A los primeros, porque fueron designados para brindar un servicio dentro de funciones policiales, por lo que no era un cargo docente. Y al igual que al profesional, no les rige el principio de estabilidad de un trabajo público porque justamente están retirados, destacaron fuentes judiciales. El abogado Daniel Persichela aseguró que apelará, dado que sostiene que la tarea de enseñanza de sus defendidos constituye un trabajo independiente y autónomo y que debe ser indemnizado luego de que fueran dados de baja.

Todo se desencadenó en 2012, cuando la gestión pasada decidió cerrar la Escuela de Policía para que la capacitación de los aspirantes pase a la Universidad Católica de Cuyo. De esa manera, los 38 docentes, 20 policías y 18 civiles, se quedaron sin funciones e iniciaron los reclamos indemnizatorios. Hubo un grupo que sí percibió el resarcimiento económico y otros que acudieron a la instancia judicial. En el caso de estos últimos, ya hay un precedente en contra.