El hecho ocurrió hace casi 10 años, pero vio la luz ahora, luego de que el Juzgado Contencioso Administrativo, que encabeza Adriana Tettamanti, le rechazara el planteo que hizo un grupo de estatales para que se les anule la sanción que les impusieron. En síntesis, cuatro agentes de la Dirección General de Rentas (DGR) habían cuestionado el uso de las cámaras de seguridad del Centro Cívico porque entendieron que se utilizaron para "espiar al personal o utilizar las mismas como medio probatorio en su contra". ¿El motivo? Gracias al sistema de video vigilancia, las autoridades de Rentas habían detectado que esos empleados usaban de manera irregular las tarjetas personales para marcar el ingreso y egreso a sus puestos de trabajo. Así, en los registros quedó acreditado que uno de ellos marcaba a favor del resto, habilitando la ausencia de los terceros. Por dicha maniobra, los trabajadores fueron sancionados con 15 días de suspensión sin goce de haberes tras un sumario administrativo, medida que cuestionaron con una presentación en la Justicia, la que fue rechazada.

Los cuatro agentes que iniciaron un reclamo judicial contra el Estado, buscando que se les revierta el sumario y la sanción que se les impuso, fueron Sergio González, Nora del Carmen Espeche, Sandra Claudia Saleme y Carlos Quinteros. Según el fallo al que accedió Diario de Cuyo, los empleados reclamaron que el proceso administrativo que derivó en una sanción estuvo mal realizado, ya que consideraron "como prueba ilegal el uso de cámaras de captación de imágenes, por cuanto no se encuentra acreditado que la DGR haya gestionado la autorización para su colocación, ya que están en franca violación de la Ley Nº 7902". Dicha norma regula el uso de cámaras de seguridad en lugares públicos, de acceso público o lugares privados de acceso público. En el juicio, la provincia se mostró en contra de la postura de los trabajadores al indicar que las cámaras "no están prohibidas y que mal podrían los empleados argumentar que desconocían su instalación, máxime en un edificio tan grande como el Centro Cívico, ya que la tarea debió demandar varios días y debió ser vox populi. Además, las cámaras se colocan en lugares visibles, por lo que no se viola la ley, y permiten captar hechos delictivos o contravenciones, como sucedió con los empleados que se desempeñan en lugares de acceso al público". El punto en cuestión lo definió la jueza, quien indicó que las imágenes captadas no son ilegales, dado que "no se advierte irregularidad alguna puesto que no se invadió el espacio o ámbito de privacidad o de intimidad, sino que estaban colocadas en un lugar visible a toda persona". Además, dijo que, en el sumario que llevó adelante Rentas, los agentes pudieron ejercer su derecho a defensa, como lo indica la ley, pero en cambio, se abstuvieron a declarar.

Los hechos por los que los agentes fueron sancionados ocurrieron en octubre de 2011. Según indicaron fuentes calificadas, quien detectó la irregularidad fue el titular del área Personal de la DGR, quien le hizo saber al director que uno de los empleados estaba ausente, pero que había marcado su ingreso en el sistema. Incluso, gracias a las cámaras, en la causa quedó plasmado que el 28 de ese mes, en horario de tarde, González se dirigió al reloj y marcó a favor de Espeche y segundos después lo hizo por sí mismo. Luego lo hizo por Saleme y después por Ana María Castro de Olguín y Quinteros. Todo en poco más de un minuto. En el horario de salida, se registró una situación similar y otro hecho se produjo tres días después.

Cambios

Tras el episodio con los agentes de Rentas, el registro de ingreso y egreso del personal del Centro Cívico fue modificado a un sistema biométrico, en el que el personal debe colocar su huella digital en un equipo, así también como el registro de su rostro. Los cambios se implementaron en todas las áreas.

Sanción

15  Fueron los días hábiles, sin goce de haberes, que le aplicaron a los empleados. El sumario administrativo duró casi dos años. El Ministerio de Hacienda y Finanzas emitió una resolución por el caso.