La Sala II de la Cámara Penal revisará el procesamiento por abuso de autoridad que recayó contra el diputado provincial Roberto Correa, dado que su abogado, Rubén Pontoriero, apeló la resolución. Antes de ser electo como legislador, Correa era secretario general del municipio de Rivadavia y la jueza del Tercer Juzgado Correccional entendió que obstaculizó la clausura dictada por parte del Juzgado de Faltas municipal. El fallo también involucra a Ramón Molina, ex presidente del Concejo Deliberante.
La jueza de Faltas de Rivadavia, Gladys Avelín, denunció a ambos funcionarios porque consideró que interfirieron en el cumplimiento de la clausura que ella misma había dictado contra una conocida parrillada. Según el expediente, Correa y Molina (quien estuvo a cargo del Ejecutivo municipal) firmaron un acuerdo con el dueño del local, suspendiendo la medida por seis meses.
La jueza Mónica Lucero consideró que se atribuyeron competencias que no les correspondían. Según argumentó Pontoriero, las supuestas conductas que les endilgan a los funcionarios no encuadran en la figura de abuso de autoridad y que el municipio tiene la facultad para realizar una habilitación provisoria.