La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó ayer en un Comunicado su "profunda preocupación" por el avance gubernamental contra Papel Prensa, "acción que podría esconder el riesgo de que se condicione el suministro del insumo con la intención de controlar la labor informativa".
La SIP denunció también que el Estado argentino, accionista minoritario de Papel Prensa, "ha mantenido una actitud de confrontación y hostilidad" contra los diarios "Clarín" y "La Nación", de los cuáles es socio.
El titular de la organización que nuclea a los editores del continente, Alejandro Aguirre destacó que más allá de la situación administrativa de Papel Prensa, "nos preocupa profundamente estas acciones contra la empresa, en momentos en que venimos denunciado una arremetida gubernamental contra la prensa argentina, que incluiría la intención de intervenir la papelera como una forma de obtener un nuevo instrumento para controlar a los medios impresos y críticos".
El Comunicado recuerda los hechos en los quedó involucrada la empresa desde hace algunas semanas y la ofensiva del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien alegó "irregularidades administrativas" en dos reuniones del directorio de la compañía. "El funcionario deberá presentarse el 9 de diciembre ante un juez Penal en lo Económico para fundamentar su denuncia", recordó la SIP, quien sumó al Comunicado una mención a las declaraciones del ministro de Economía, Amado Boudou, "quien acusó a Clarín y La Nación de mal manejo administrativo de Papel Prensa, en detrimento del Estado". "Es por demás sugestivo -agregó- que se haya dado en Argentina una cadena de confrontación entre el Gobierno y la prensa, desde la aprobación de la Ley de Servicios Audiovisuales, campañas de difamación y actos de intimidación, como el bloqueo de distribución o extrañas investigaciones impositivas sin guardar los debido procesos", añadió Aguirre.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Robert Rivard, señaló que "teme que en la Argentina el Gobierno quiera controlar los contenidos de los medios a través del control de los canales de distribución y producción de los medios escritos, como ya se ha conseguido con la nueva Ley controlar a los medios electrónicos".
Aguirre y Rivard recordaron que la última Resolución de la SIP fue enviada a la Presidenta para su consideración y que en la misma se "insta a los poderes públicos a que trabajen para garantizar el libre ejercicio del periodismo en un marco democrático y de convivencia pacífica".