Era la instancia de mediación obligatoria para ver si las partes llegaban a un acuerdo, pero la audiencia fracasó. Es que el representante legal del municipio de San Martín llegó con el mandato de que la comuna no está en condiciones de pagar el aumento salarial extraordinario del 23 por ciento que el Concejo Deliberante había otorgado para los empleados de planta en 2014, el que además repercute en adicionales y se ve afectado por los sucesivos incrementos de haberes, más los intereses a la fecha. Además, el abogado José Becerra cuestionó la legalidad y la constitucionalidad de la ordenanza. Por su parte, el profesional que representa a los municipales, Maximiliano Mercado, aseguró que seguirá con la demanda e ingresará en la etapa estrictamente judicial en el Contencioso Administrativo, que conduce Adriana Tettamanti, para que sus clientes perciban la deuda.

Todo se desencadenó a fines de 2013, cuando el cuerpo deliberativo le marcó la cancha al entonces intendente Pablo Santibañez y sacó una norma en la que fijó la suba salarial que saldría del presupuesto comunal para el año siguiente. El exjefe comunal no sólo no vetó la ordenanza sino que la promulgó, por lo que Mercado destacó que quedó vigente, ya que no hubo otra norma que la derogara. Sin embargo, Santibañez nunca pagó el incremento y ahora los empleados le reclaman al actual intendente, Cristian Andino, el desembolso del importe más su actualización.

El jefe comunal ya había manifestado que, en un escenario de ajuste y recorte a nivel nacional, el municipio no está en condiciones de hacerle frente a una suma que presumen importante, teniendo en cuenta las distintas erogaciones de funcionamiento que deben realizar en el día a día. Ese mensaje llevó ayer el abogado Becerra, quien además cuestionó la constitucionalidad de la ordenanza sancionada. Es que sostuvo que el Concejo no tiene la facultad de establecer los aumentos salariales, que es propia del Ejecutivo, y que sólo posee una potestad revisora y de control. Y también resaltó que la norma va contra la ley orgánica de municipalidades, la cual establece que no se puede proyectar ningún gasto sin la factibilidad financiera. "Acá no hubo un dictamen de Contaduría en cuanto a la disponibilidad de fondos", remarcó el profesional.

Andino se había mostrado molesto con la situación heredada y habló de la "irresponsabilidad" de su predecesor, a quien en su momento impulsó para el puesto, y de los ediles que aprobaron la ordenanza. Por el lado de los municipales, avanzarán con el tema para mejorar sus salarios.