De haber tenido un fallo desfavorable, la Municipalidad de San Martín, que conduce Cristian Andino, se habría encontrado en una situación delicada, ya que el castigo representaba un valor millonario para las arcas comunales. Es que, 68 trabajadores de planta permanente, el 70 por ciento de la plantilla, habían iniciado una demanda por diferencias salariales del 2014, esto es, ocho años hacia atrás. Cada uno de los agentes reclamó que se le dé un incremento del 23 por ciento sobre el sueldo básico, sus adicionales y remunerativos, como antigüedad y título. El planteo había tenido su sustento por un OK del Concejo Deliberante, pero la jueza del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, lo rechazó, al entender que la decisión del cuerpo deliberativo sólo facultó al Ejecutivo municipal a hacer el pago, pero no lo obligó a realizarlo. Así, con el fallo, el municipio zafó de hacer el desembolso millonario. Al tratarse de una resolución de primera instancia, los trabajadores pueden apelar para intentar revertir el fallo en Cámara.

La sentencia se dio en los primeros días del mes y, según se pudo confirmar, las partes ya fueron notificadas. Un punto clave, es que no se cuantificó el costo que tendría que haber hecho frente el municipio con un fallo en contra, ya que, según quedó establecido en la demanda, dicho cálculo debía surgir de una pericia contable final. Lo que sí quedó claro es que iba a alcanzar cifras millonarias porque los trabajadores no sólo reclamaron un aumento del 23 por ciento sobre el sueldo básico, sino también en "antigüedad, título, insalubridad, permanencia en categoría, presentismo, refrigerio y equipamiento, plus por mayor responsabilidad, plus por mayor carga horaria". Además, también solicitaban "que se ordene a la Municipalidad de San Martín a realizar los aportes y contribuciones correspondientes al sistema de seguridad social, conforme a la categoría, función y situación de revista de cada uno de los demandantes".

Fuentes calificadas indicaron que el reclamo de los trabajadores se dio por una movida interna dentro del municipio, la que quedó expuesta en el expediente judicial. Es que, quien impulsó el aumento salarial dentro del Concejo, fue el ahora exedil Néstor Vera, quien, a su vez, es empleado municipal. Incluso, las fuentes indicaron que el trabajador logró convencer a sus pares y por eso el número de demandantes alcanzó al 70 por ciento de toda la plantilla comunal.

Según el expediente, la instancia judicial se inició a fines de 2017, luego de que los trabajadores no tuvieran respuesta dentro de la comuna al reclamo salarial. De hecho, apuntaron a la gestión de Andino por "no cumplir con la ordenanza que se dictó a fines de 2013" y que se tendría que haber implementado en 2014, durante la intendencia de Pablo Santibañez. En 2019, se llevó adelante una mediación entre las partes, la que no prosperó, por lo que se siguieron los pasos para una definición judicial. Los intereses de la comuna fueron representados por José Becerra, quien se opuso al reclamo de los trabajadores al indicar que la ordenanza que se dictó en 2013 "faculta a implementar el aumento de sueldo, pero que en modo alguna le ordena al intendente, sino que lo autoriza". A su vez, dijo que Andino asumió en diciembre del 2015, "por lo que de ninguna manera se le puede endilgar el incumplimiento de la dicha ordenanza". También dejó en claro que, según la Ley de Municipios, entre las facultades del Concejo Deliberante "no se encuentran las de definir ni decidir los aumentos de sueldo".

Demandantes

El municipio de San Martín cuenta con unos 100 agentes de planta permanente. El reclamo lo iniciaron 55 trabajadores a los que, luego, se sumaron otros 13. En total fueron 68 personas las que demandaron a la comuna, casi el 70 por ciento del total. Si bien el aumento se previó en la gestión de Pablo Santibañez, el reclamo se inicio en la intendencia de Cristian Andino.