El Tribunal de Cuentas dispuso una sanción contra seis exfuncionarios de Ullum, entre los que se encuentra Daniel Albarracín, quien fuera intendente, que consiste en el pago de un total de casi 525 mil pesos. Es decir, los castigados deberán poner plata de su bolsillo como una forma de compensar el perjuicio fiscal que le habrían ocasionado a la comuna. Si bien pueden pedir que la resolución sea revisada por el mismo organismo y hasta tienen la chance de recurrir a la Justicia, la misma complica al exjefe departamental y al entonces secretario de Obras, Horacio Ortiz, en la esfera judicial.

Los dos están siendo investigados como presuntos autores del delito de fraude contra la administración pública por haber certificado y desembolsado fondos por trabajos que no fueron realizados en la construcción de un jardín maternal y la remodelación de la planta de agua potable municipal. Y justamente ambos fueron señalados por el órgano de control administrativo como responsables de un perjuicio patrimonial.

Procedimiento

Los exfuncionarios ya fueron notificados de la sanción y se encuentran en la etapa de descargo. Pueden presentar un recurso de reconsideración ante el propio Tribunal de Cuentas y apelar la resolución a la Corte de Justicia. Si son hallados culpables y no pagan, Fiscalía de Estado les iniciaría un juicio ejecutivo de cobro.

El Tribunal analizó la cuenta 2015, el último año de la gestión del peronista Albarracín, en la que realizó cinco cargos. Uno de ellos tiene que ver con la ejecución del jardín maternal del Barrio Ullum II, en el que un perito oficial determinó que la obra debería estar terminada, pero que en realidad estaba en un 50 por ciento. Eso sí, se certificaron y pagaron tareas a una cooperativa que no se concretaron. 

El segundo apunta a la remodelación de la planta de agua potable y se dio una situación idéntica. De los certificados de avances de obra presentados por la comuna, las mejoras deberían estar visibles, pero en la visita que realizó el auditor no pudo constatar los trabajos estipulados en el contrato entre la empresa PVC San Juan y el municipio.

Ambos casos se encuentran bajo la lupa del Cuarto Juzgado de Instrucción por el mismo motivo: el desembolso de recursos en tareas que no se ven reflejadas en dichas obras. De hecho, tanto Albarracín y Ortiz ya fueron indagados y están imputados como presuntos autores del delito de fraude en perjuicio de la administración pública. Si bien el juez Martín Heredia viene avanzando con la causa, la resolución del Tribunal de Cuentas es un elemento clave, ya que señala que hay un perjuicio patrimonial contra la comuna.

En el castigo administrativo por las irregularidades en el jardín y la planta de agua, el organismo no sólo tuvo en cuenta al exintendente y a quien fuera su secretario de Obras, ya que también consideró como responsable al exsecretario de Gobierno, Rolando Chiffel. Los tres deberán pagar casi 420 mil pesos, a razón de cerca de 140 mil pesos cada uno, dijeron fuentes calificadas. En otro de los cargos, el Tribunal castigó a la exasesora privada de la Intendencia, Karina Laurencio, y al extesorero, José Alfaro, por no rendir el pago de viáticos y pasajes. Cada uno deberá devolver casi 27 mil pesos.

También le formuló cargos al exintendente y a quien fuera la titular de Patrimonio, Miriam Albarracín, por la desaparición de 13 celulares comprados con fondos municipales y porque nunca fueron hallados bienes de la comuna que fueron dados de baja por mal estado. La mujer deberá reintegrar unos 25.700 pesos, cifra que en el caso de Albarracín se sumará a los otros 140 mil pesos. El actual intendente, Leopoldo Soler, también denunció la desaparición de los celulares y los bienes en la Justicia.